Un grupo de activistas argentinos fue increpado por pasajeros bolivianos en el Aeropuerto Internacional de El Alto luego de que las autoridades migratorias les negaran el ingreso al país. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se escucha a varias personas expresar su rechazo a la presencia de la delegación extranjera.
“¡Fuera, fuera!” y “Este país quiere trabajar, no quiere bloquear”, fueron algunas de las frases pronunciadas por los pasajeros mientras los activistas aguardaban instrucciones para retornar a Argentina.
La delegación estaba integrada por al menos 15 personas vinculadas a organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos de Argentina, quienes habían llegado a Bolivia con la intención de expresar respaldo a las movilizaciones que se desarrollan en el país. Los visitantes vestían poleras con la inscripción “Comisión Derechos Humanos” y aseguraban contar con la documentación necesaria para su ingreso.
Sin embargo, tras una evaluación realizada por autoridades migratorias, se determinó impedir su entrada al territorio nacional. Posteriormente, los activistas fueron embarcados en un vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra para continuar su retorno hacia Buenos Aires.
La situación ocurre en medio de un escenario de conflictividad social marcado por semanas de movilizaciones y bloqueos de carreteras en distintos puntos del país. En este contexto, el Gobierno boliviano había manifestado anteriormente su preocupación por la participación de activistas extranjeros en actividades relacionadas con organizaciones sociales y sectores que impulsan las protestas.
Entre los integrantes de la delegación figuraban dirigentes políticos, sindicales y representantes de organizaciones de izquierda argentinas, quienes habían expresado públicamente su apoyo a las movilizaciones desarrolladas en Bolivia.
Tras conocerse la decisión migratoria, la Cancillería argentina emitió un pronunciamiento sobre el caso, mientras que las autoridades bolivianas mantienen su postura de reforzar los controles de ingreso de ciudadanos extranjeros vinculados a actividades políticas o de movilización social.
El episodio generó un amplio debate en redes sociales y reavivó la discusión sobre la participación de actores internacionales en conflictos políticos y sociales que atraviesa Bolivia.
