Las incursiones registradas el fin de semana en el Cerro Rico de Potosí no solo dejaron 22 personas aprehendidas, sino que también expusieron indicios de una posible organización detrás del robo de mineral, con pagos que alcanzarían hasta los 1.000 bolivianos por tarea.
De acuerdo con los reportes, más de 50 personas participaron en dos operaciones ilegales en diferentes cooperativas, donde lograron ingresar a interior mina para sustraer material ya acopiado. En uno de los casos, los intrusos incluso redujeron a trabajadores y los mantuvieron retenidos mientras ejecutaban el saqueo, evidenciando un nivel de coordinación mayor al habitual.
La respuesta de los propios mineros fue clave para contener los hechos. En la Cooperativa Unificada Socio Pailaviri, algunos lograron escapar y alertar a la Policía, lo que derivó en un operativo que permitió capturas tras una persecución. En tanto, en la Cooperativa Kory Mayu, los trabajadores lograron interceptar directamente a otro grupo y entregarlo a las autoridades.
Entre los aprehendidos figuran una mujer y varios menores de edad, un elemento que genera preocupación por el uso de adolescentes en este tipo de actividades ilegales. Algunos de los implicados afirmaron que solo fueron contratados para trasladar sacos de mineral, lo que refuerza la hipótesis de estructuras que reclutan mano de obra para este tipo de ilícitos.
Otro aspecto que llamó la atención fue la forma en que los detenidos fueron sacados de la mina: en “fila india”, con las manos atadas y el rostro cubierto, en medio de un ambiente de tensión pero sin enfrentamientos directos.
Las autoridades no descartan profundizar las investigaciones para identificar a quienes estarían detrás de la organización y financiamiento de estas incursiones ilegales en uno de los principales centros mineros del país.
