En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral habilitó mecanismos para que las personas que no pudieron emitir su voto por causas justificadas puedan tramitar el certificado de impedimento de sufragio.
Este documento es fundamental para evitar sanciones económicas y restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites bancarios en los días posteriores a la elección.
¿Quiénes pueden solicitarlo?
El certificado de impedimento está dirigido a ciudadanos que no votaron por causas de fuerza mayor, entre ellas:
Personas hospitalizadas o con problemas de salud
Ciudadanos en tránsito o fuera de su lugar de votación
Personas privadas de libertad
Situaciones imprevistas debidamente justificadas
¿Dónde se obtiene?
Durante la jornada electoral, los Tribunales Electorales Departamentales instalan puntos de atención en lugares de alta concentración de votantes para emitir este certificado.
Posteriormente, el trámite también puede realizarse en oficinas del órgano electoral en cada departamento.
Plazo para tramitarlo
El trámite del certificado de impedimento debe realizarse el mismo día de la votación o en los días posteriores a la elección en un plazo de 30 días, por lo que se recomienda hacerlo lo antes posible para evitar inconvenientes.
Requisitos
Para obtener el certificado, el ciudadano debe:
• Presentar su cédula de identidad vigente
• Explicar y, en lo posible, respaldar la causa de impedimento (certificado médico, pasajes, documentos, etc.)
• Completar el formulario correspondiente en el punto de atención
¿Qué pasa si no justificas tu ausencia?
Las personas que no votaron y no justifiquen su inasistencia deberán pagar una multa económica para regularizar su situación.
En este caso, el monto establecido es de 660 bolivianos, tras lo cual podrán acceder a un certificado que les permita levantar las restricciones.
Recomendación
Las autoridades electorales recomiendan a la población cumplir con este trámite si no acudió a votar, ya que el certificado es necesario para evitar sanciones y garantizar el acceso a servicios y trámites posteriores.
