El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que el Decreto Supremo 5676 establece precios diferenciados para tres grupos de consumidores. Aseguró que la medida busca reducir el desvío de carburantes al contrabando y atraer mayores volúmenes de importación privada, aunque advirtió que la normalización del abastecimiento será gradual.

El Gobierno defendió la aplicación del Decreto Supremo 5676 y aseguró que la nueva política de precios diferenciados permitirá avanzar hacia un mercado de combustibles con mayor participación del sector privado y reducir el desvío de carburantes hacia actividades de contrabando.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que la normativa mantendrá el funcionamiento habitual de las estaciones de servicio y refinerías, pero establecerá un precio de mercado para determinados consumidores que superen los límites fijados por el Gobierno.

Blanco remarcó que la principal modificación está relacionada con el precio que deberán pagar los denominados grandes consumidores. Según explicó, existen tres grupos alcanzados por la nueva medida: quienes utilizan más de 20.000 litros de combustible al mes; aquellos cuyo consumo se encuentra entre 5.000 y 19.900 litros; y un tercer segmento que comprende a consumidores que utilizan desde aproximadamente 120 litros hasta 1.000 litros.

De acuerdo con la explicación del ministro, estos sectores dejarán de acceder al mismo esquema de precio subvencionado aplicado al consumo regular y pasarán a pagar un valor vinculado al precio de mercado, que para determinados volúmenes alcanza los Bs 18 por litro.

“Lo único que estamos haciendo es sincerar el precio que durante tantos años no se sinceró”, sostuvo Blanco, al defender la decisión del Ejecutivo.

El ministro afirmó que el cambio no implicará una modificación en la forma en que los consumidores adquieren el combustible. Los grandes usuarios continuarán realizando sus compras en estaciones de servicio o directamente en las refinerías, como lo hacían anteriormente, pero bajo el nuevo esquema tarifario.

Gobierno apunta al contrabando

Uno de los principales argumentos expuestos por el Ejecutivo para aplicar la nueva política es la necesidad de reducir el desvío de carburantes hacia el mercado ilegal.

Blanco señaló que una parte importante del combustible subsidiado termina siendo trasladada al contrabando y mencionó la existencia de estructuras ilegales vinculadas tanto a YPFB como a otros sectores relacionados con la comercialización y distribución de carburantes.

El ministro también cuestionó el abastecimiento de determinados productos en zonas urbanas, poniendo como ejemplo el combustible utilizado para las denominadas “bombuchas”, cuyo consumo, según afirmó, no correspondería al área urbana y podría estar relacionado con el desvío de carburantes.

En ese contexto, anunció que el Gobierno trabaja en modificaciones estructurales dentro de YPFB y de la entidad reguladora del sector hidrocarburífero, además de una mayor participación de la Policía Boliviana en los mecanismos de control.

La administración nacional espera que estas medidas permitan reducir progresivamente el volumen de combustible que termina en el mercado ilegal y mejorar la disponibilidad para los consumidores que dependen del abastecimiento formal.

Prevén mayor participación de importadores privados

Blanco aseguró además que el nuevo esquema pretende generar condiciones para que empresas privadas incrementen la importación de diésel y otros combustibles.

Según el ministro, el Gobierno sostuvo reuniones con empresarios e inversionistas privados y recibió señales de que existe interés en aumentar los volúmenes de importación, una vez establecidas las nuevas condiciones de comercialización.

“Ya no solamente Yacimientos va a traer combustible”, explicó Blanco, al señalar que se espera una participación más activa de los importadores privados para complementar la oferta nacional.

El Ejecutivo considera que el incremento de la oferta privada será significativo, aunque reconoció que los resultados no serán inmediatos y que el país atravesará un periodo de transición.

Abastecimiento se normalizará de manera gradual

Consultado sobre si la aplicación del decreto permitirá garantizar el abastecimiento total de diésel en el país y cuándo terminarían las largas filas en los surtidores, Blanco evitó establecer un plazo concreto.

El ministro sostuvo que se trata de un proceso que requerirá tiempo y señaló que la regularización dependerá tanto del incremento de la oferta como de la incorporación de nuevos actores privados al mercado.

“Esperamos que se dé a la brevedad posible”, manifestó.

La autoridad reconoció que la situación del abastecimiento no se resolverá de manera inmediata y atribuyó la actual crisis a problemas acumulados durante los últimos años.

En esa línea, afirmó que el Gobierno tiene la tarea de reconstruir el sistema energético y recuperar la capacidad de abastecimiento del país, después de un periodo que, según su evaluación, dejó a Bolivia con reservas internacionales reducidas y una situación económica compleja.

Con el Decreto Supremo 5676, el Gobierno apuesta a modificar el esquema de comercialización de combustibles, reducir el incentivo al desvío de carburantes y promover una mayor participación privada. El desafío inmediato será lograr que el cambio de modelo se traduzca en un incremento efectivo de la oferta y en una reducción de las filas que todavía persisten en los surtidores de distintas regiones del país.