El Comité pro Santa Cruz se reúne con el presidente ejecutivo interino de YPFB, Sebastián Daroca, para analizar la falta de gasolina y diésel, el Decreto Supremo 5676 y las tarifas diferenciadas para grandes consumidores.
El Comité pro Santa Cruz lleva adelante este lunes una reunión con el presidente ejecutivo interino de YPFB, Sebastián Daroca, autoridades departamentales, municipales y representantes cívicos, con el objetivo de conocer las acciones que asumirá el Gobierno frente al desabastecimiento de combustibles que afecta a distintos sectores del país.
Durante el encuentro se abordan temas relacionados con la provisión de gasolina y diésel, la aplicación del Decreto Supremo 5676 y el nuevo esquema de precios establecido para los denominados grandes consumidores (GRACO).
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que la reunión no se concentrará únicamente en el incremento de precios, sino en conocer qué medidas se implementarán para garantizar el suministro de carburantes en los próximos días.
“Vamos a estar con el presidente de YPFB para que explique no solamente lo que hoy amanecimos con la noticia, sino qué va a pasar de aquí en adelante con el combustible a nivel nacional”, afirmó.
Cívicos cuestionan el precio para grandes consumidores
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el precio fijado para los grandes consumidores de diésel. Los representantes cívicos buscan conocer con precisión qué sectores serán incluidos en esta categoría y cuáles quedarán al margen de la nueva estructura tarifaria.
Cochamanidis advirtió que un aumento en el costo del combustible para sectores productivos podría generar un efecto en cadena sobre el transporte, la producción y, finalmente, el precio de los alimentos y otros productos de consumo.
“Lo que vamos a pagar el precio vamos a hacer los ciudadanos, porque si sube el productor va a subir el alimento”, sostuvo.
En ese sentido, el Comité considera necesario evaluar el impacto que tendrá la medida sobre las actividades económicas que dependen directamente del diésel para su funcionamiento.
Piden claridad sobre el nuevo esquema
Los cívicos también expresaron reparos respecto a la diferenciación de precios entre los distintos grupos de consumidores. Cochamanidis señaló que la subvención no representa una solución definitiva para la crisis, pero cuestionó que la aplicación de la nueva política pueda generar efectos distintos entre sectores.
“Siempre hemos dicho, la subvención no es la solución a esto, pero tampoco es castigar a uno y beneficiar a otro”, manifestó.
Otro de los aspectos que se espera aclarar durante la reunión es el tratamiento que tendrá el transporte pesado y los criterios utilizados para determinar quiénes serán considerados grandes consumidores.
Plantean cambios de fondo en el sistema
Más allá de la discusión sobre los precios, el Comité pro Santa Cruz plantea que la crisis de combustibles requiere modificaciones estructurales en el sistema de abastecimiento.
Cochamanidis cuestionó la concentración de distintas etapas de la cadena de hidrocarburos en YPFB, entre ellas la importación, refinación, distribución y comercialización, y planteó la posibilidad de ampliar la participación privada para generar mayor competencia.
Asimismo, cuestionó los mecanismos de control y fiscalización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y reclamó acciones más efectivas para combatir el contrabando y otras irregularidades relacionadas con la comercialización de carburantes.
La falta de combustible afecta a la economía
El desabastecimiento dejó de ser únicamente un problema de las estaciones de servicio y se convirtió en una preocupación para sectores productivos, transportistas y familias, debido a las dificultades para acceder a gasolina y diésel y al posible incremento de los costos.
Desde el Comité pro Santa Cruz consideran que cualquier medida destinada a solucionar la crisis debe tomar en cuenta tanto la sostenibilidad del sistema de combustibles como sus efectos sobre la producción y el costo de vida.
La expectativa está puesta ahora en las explicaciones que brinde YPFB y en las medidas que puedan definirse para garantizar el abastecimiento a nivel nacional, reducir las filas en los surtidores y evitar que el impacto de los nuevos precios termine trasladándose a la economía de los hogares bolivianos.
