Marcelo Blanco informó ante la Asamblea Legislativa que el Estado mantiene obligaciones con Trafigura y Vitol. También denunció presuntas redes vinculadas al contrabando en YPFB y la ANH y cuestionó la gestión de anteriores autoridades.
La situación financiera del sector hidrocarburífero y las dificultades para garantizar el abastecimiento de combustibles quedaron expuestas este martes durante la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, quien reveló que el Estado mantiene una deuda acumulada de $us 1.046 millones con dos empresas proveedoras.
De acuerdo con la información presentada por la autoridad ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la mayor obligación corresponde a Vitol, con $us 583 millones, mientras que la deuda con Trafigura alcanza a $us 463 millones.
El dato fue presentado en medio de los cuestionamientos de los legisladores por las dificultades que persisten en la distribución de gasolina y diésel en el mercado interno. La falta de carburantes ha generado reclamos de transportistas, productores y otros sectores que dependen del suministro regular.
Durante su intervención, Blanco también lanzó acusaciones contra el funcionamiento interno de las instituciones encargadas del sector. Señaló que existirían presuntas “mafias incrustadas” en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), relacionadas, según afirmó, con el contrabando y el desvío de combustibles.
La autoridad agregó que parte de la documentación de YPFB habría desaparecido durante anteriores gestiones. Según explicó, la ausencia de esos registros representa una dificultad para reconstruir determinados procedimientos y establecer responsabilidades sobre posibles irregularidades.
Cuestionamientos por gasolina de mala calidad
Otro de los puntos abordados durante la interpelación fue el problema generado por la comercialización de gasolina de mala calidad, que provocó reclamos de conductores y sectores del transporte.
Blanco atribuyó esta situación a procedimientos que, según sostuvo, fueron establecidos durante la anterior administración y presentaban deficiencias. La explicación fue planteada como parte de la respuesta del Gobierno frente a los cuestionamientos sobre los controles aplicados a los carburantes antes de su distribución.
Las declaraciones del ministro se producen mientras el abastecimiento de combustibles continúa bajo presión y el Gobierno enfrenta el desafío de garantizar la provisión de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.
La interpelación permanece en curso en la Asamblea Legislativa, donde los legisladores continúan planteando preguntas sobre las deudas con proveedores, la situación de YPFB, el control de los carburantes y las denuncias de presuntas irregularidades dentro del sector
