La ministra de Educación, Beatriz García, posesionó este jueves a tres viceministros y adelantó las prioridades de su gestión, destacando la revisión de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, vigente desde 2010. La norma, promovida durante la administración del expresidente Evo Morales, será evaluada de manera conjunta con maestros, directores y padres de familia para asegurar una educación de calidad adaptada al siglo XXI.
García confirmó que el próximo lunes se realizará un encuentro en La Paz con representantes del magisterio urbano y rural, con el objetivo de escuchar sus demandas y propuestas. “Vamos a abrir el diálogo, queremos conocer sus expectativas y planteamientos. Queremos transmitirles que somos aliados y trabajaremos de manera conjunta. El magisterio es un actor principal en la planificación educativa”, afirmó la autoridad.
Respecto a la Ley Avelino Siñani, la ministra señaló que su revisión responde a un pedido de diversos actores del sistema educativo y adelantó que se elaborará una nueva norma integrando los aspectos positivos de la ley vigente. Los cambios buscarán fomentar la calidad educativa, la competitividad de los estudiantes y la apertura a estándares internacionales.
Durante la ceremonia de posesión fueron nombrados Juan Carlos Pimentel Castillo como viceministro de Educación Regular; Ángela Daniela García Moreno, viceministra de Educación Alternativa y Especial; y Ana Yudenca Cárdenas, viceministra de Educación Superior de Formación Profesional.
El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, adelantó que presentarán dos propuestas: un currículo escolar regionalizado y un fortalecimiento del rol de la junta escolar y los padres de familia. “Este Gobierno tiene la oportunidad de transformar el país desde la educación y con una nueva visión educativa”, afirmó.
Contratos irregulares y eficiencia administrativa
La ministra García anunció además la rescisión de 45 contratos irregulares que representaban un gasto mensual cercano al medio millón de bolivianos. “No podemos permitir el uso irracional de los recursos públicos. Nuestro compromiso está con la gestión eficiente, transparente y orientada a la educación de calidad que el país merece”, enfatizó.
Según explicó, el Ministerio de Educación cuenta actualmente con 406 funcionarios, pero 45 de ellos fueron contratados bajo criterios políticos y de nepotismo entre agosto y noviembre de este año, cinco de ellos apenas dos días antes de la posesión del nuevo gabinete ministerial. García aseguró que los ajustes continuarán para garantizar la eficiencia y transparencia en la institución.
