El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que presentará junto al senador Leonardo Roca un proyecto de ley ante la Cámara de Senadores para que el Impuesto a la Transferencia (IT) se convierta en el primer tributo coparticipable bajo un modelo de distribución 50-50 entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

La propuesta será formalizada una vez concluya el receso legislativo y, según explicó Velasco, busca establecer una distribución más equitativa de los recursos públicos para fortalecer las capacidades económicas de gobernaciones, municipios y universidades públicas.

El gobernador señaló que el IT genera aproximadamente Bs 7.300 millones al año y que, bajo el nuevo esquema, cerca de Bs 3.600 millones podrían ser redistribuidos entre las regiones para atender demandas y necesidades de la población.

“Estamos proponiendo una medida concreta, viable y de aplicación inmediata. El 50-50 puede empezar este mismo año con un solo impuesto. No hablamos de una reforma imposible, sino de una decisión política para fortalecer las autonomías y devolver recursos a las regiones”, afirmó.

Velasco sostuvo que los recursos que dejaría de percibir el Tesoro General de la Nación representan un monto menor frente a los fondos destinados en la gestión 2024 para cubrir el déficit de empresas públicas. En ese marco, planteó que una optimización del gasto estatal permitiría implementar la coparticipación del IT sin afectar la estabilidad financiera del país.

“Los números muestran que esta propuesta es perfectamente viable. Con una administración más eficiente del gasto público se puede fortalecer a las regiones sin poner en riesgo la estabilidad fiscal”, manifestó.

La autoridad departamental indicó que la iniciativa pretende abrir un debate nacional sobre la distribución de los recursos y avanzar en el fortalecimiento del régimen autonómico mediante medidas concretas.

Finalmente, Velasco cuestionó que mientras las regiones enfrentan limitaciones económicas, el Estado continúe destinando recursos a empresas públicas deficitarias. “Es una oportunidad para demostrar cuál es la visión real del país: si se apuesta por las autonomías y el desarrollo regional, o si se prefiere seguir financiando empresas que no funcionan mientras las regiones reclaman recursos que generaron”, concluyó.