Los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) responsabilizaron al vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Charles Fernando Mejía, por la realización parcial de las elecciones judiciales de diciembre de 2024 y por las consecuencias institucionales y económicas derivadas de esa decisión.

El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, afirmó que Mejía es uno de los responsables de un presunto daño económico al Estado que superaría los Bs 55 millones, además de dejar sin comicios judiciales a varios departamentos del país.

A través de sus redes sociales, Saucedo calificó al vocal beniano como “carnicero de la democracia” y aseguró que deberá responder ante la justicia por sus determinaciones. También anunció que se tomarán acciones en los próximos días y dio un plazo de 72 horas, aunque no detalló las medidas que se asumirán.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, cuestionó nuevamente las actuaciones de Mejía y afirmó que busca afectar la institucionalidad del Órgano Judicial en Beni.

Ávila señaló que la organización de las elecciones judiciales de 2024 representó una inversión superior a los Bs 70 millones para el Estado y sostuvo que las decisiones judiciales emitidas en ese periodo generaron un impacto en el proceso electoral.

El conflicto se originó en octubre de 2024, cuando Mejía, como integrante de la Sala Constitucional de Beni, emitió una resolución que declaró desiertas las convocatorias para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando. La medida también alcanzó al Tribunal Constitucional Plurinacional en cinco departamentos: Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Como resultado, las elecciones judiciales se desarrollaron de manera parcial en diciembre de ese año. Actualmente, el Tribunal Constitucional funciona con cuatro de nueve magistrados electos, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia tiene siete autoridades elegidas y mantiene cargos pendientes.

Además, el TCP presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para que su presidente pueda ejercer funciones con voz y voto dentro del organismo.