El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena ratificó la cancelación de la personería jurídica de las agrupaciones ASIP y SOL, luego de rechazar los recursos presentados por estas organizaciones para revertir la decisión adoptada por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

La autoridad explicó que la determinación se basa en la normativa vigente, que establece que las organizaciones políticas que no alcanzan al menos el 3% de votación en procesos electorales anteriores pierden su personería jurídica, por lo que quedan inhabilitadas para participar en nuevos comicios.

En ese sentido, el TSE ratificó la resolución adoptada previamente por el tribunal departamental, en cumplimiento de lo establecido por la ley y de una sentencia constitucional que ordena aplicar esta disposición.

Ávila indicó que, tras la cancelación de la personería jurídica, el órgano electoral instruirá a las mesas de sufragio que cualquier voto emitido a favor de estas agrupaciones sea registrado sin efecto, debido a que ya no forman parte del actual proceso electoral.

Recursos y candidaturas en revisión

Durante la sesión de Sala Plena también se analizaron otros casos vinculados a candidaturas dentro del proceso electoral. Entre ellos, la situación de un candidato en el municipio de Buenavista, cuyo procedimiento fue anulado tras detectarse irregularidades en el trámite.

No obstante, el postulante permanecerá habilitado de manera provisional mientras se concluye la revisión del proceso correspondiente.

Asimismo, el TSE informó que recibió un recurso extraordinario de revisión relacionado con el candidato en Cotoca, Wilfredo Añez, el cual será analizado por la Sala Plena en las próximas horas. Hasta que exista una resolución definitiva, el candidato continuará participando en el proceso electoral.

El presidente del TSE señaló que el organismo electoral tiene en agenda el análisis de 176 recursos vinculados al actual proceso electoral y aseguró que todas las decisiones se adoptarán conforme a la Constitución y la normativa vigente, evitando retrasos en el calendario electoral.