La justicia determinó la detención preventiva de cuatro personas investigadas por el delito de legitimación de ganancias ilícitas dentro del denominado caso “Encomiendas”, que indaga el presunto traslado y ocultamiento de dinero de aparente origen ilícito en el departamento del Beni.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que la medida cautelar fue dispuesta por el Juzgado Segundo de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la capital, que ordenó el ingreso de los imputados a los recintos penitenciarios de Mocoví y al Centro de Rehabilitación para Mujeres de Trinidad.

Los investigados fueron identificados con las iniciales Iarv S. R. M., César A. S. O., Luin M. R. y Joann N. R. N., quienes son procesados por presuntamente estar vinculados con el manejo y traslado de recursos económicos cuya procedencia aún no ha sido justificada.

Según el Ministerio Público, durante la etapa investigativa se reunieron diversos elementos de convicción, entre ellos actas de secuestro del dinero, registros del lugar del hecho, informes de ejecución de órdenes de aprehensión y el secuestro de una aeronave que presuntamente fue utilizada para transportar la encomienda investigada.

Tras una audiencia cautelar que se prolongó por más de 12 horas, el juez rechazó los incidentes planteados por la defensa y determinó la detención preventiva de los cuatro imputados.

La Fiscalía informó además que existe una quinta persona con orden de aprehensión que aún no ha sido localizada, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen de los recursos económicos e identificar a otros posibles involucrados.

El caso se originó a partir de un proceso penal previo que permitió detectar presuntas irregularidades en el traslado de dinero. Los hechos se remontan al 26 de mayo de 2026, cuando se realizó un operativo en los aeropuertos Jorge Henrich Arauz, en Trinidad, y José Chávez Suárez, en Santa Ana del Yacuma.

Durante esa intervención, las autoridades secuestraron Bs 1.737.600, además de 125.500 dólares estadounidenses y otros montos de dinero en efectivo que estaban en poder de los ahora imputados y cuya procedencia no pudo ser justificada de manera inmediata. La investigación continúa para determinar el origen de los recursos y las responsabilidades penales correspondientes.