El Gobierno defendió la aplicación de la Ley 157 y aseguró que la norma está orientada a dinamizar el sector agrícola, en medio de cuestionamientos y movilizaciones de organizaciones campesinas e indígenas que rechazan su implementación.
El presidente Rodrigo Paz afirmó que la disposición busca mejorar el acceso a financiamiento para los productores, permitiéndoles acceder a créditos en condiciones más favorables y reducir la dependencia de préstamos con altas tasas de interés. En ese marco, remarcó que la ley respeta plenamente la propiedad privada y negó que exista una afectación a derechos colectivos.
Según la autoridad, existen interpretaciones erróneas que han generado preocupación en algunos sectores. Sostuvo que los mecanismos contemplados en la normativa son de carácter voluntario y cuentan con controles que garantizan seguridad jurídica y transparencia en su aplicación.
Las declaraciones surgen mientras una marcha de campesinos e indígenas avanza desde el norte del país hacia La Paz en rechazo a la ley, registrada como Ley 1720 en la Gaceta Oficial. Los movilizados consideran que la norma podría perjudicar a las comunidades y beneficiar a grandes propietarios.
La movilización hizo una parada en Rurrenabaque, donde fue recibida por pobladores que brindaron apoyo logístico, incluyendo alimentación para los participantes. Los dirigentes del sector exigen la abrogación de la norma y denuncian que no fue socializada en regiones como Beni y Pando antes de su aprobación.
Representantes de organizaciones campesinas cuestionaron la falta de consulta previa y anunciaron que continuarán su recorrido hacia la sede de Gobierno si no se instala un diálogo con autoridades en los próximos días. Mientras tanto, el conflicto se mantiene abierto, con posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo y los sectores movilizados.
