La causa se inició en noviembre de 2022 contra líderes y autoridades de Santa Cruz por hechos vinculados a la movilización que exigía el Censo. La defensa de Luis Fernando Camacho y otros procesados calificó el cierre del caso como el fin de una persecución política.

El proceso penal abierto contra autoridades, dirigentes y representantes de Santa Cruz por el paro de 36 días de 2022 llegó a su fin luego de que la Justicia determinara la extinción de la causa.

La investigación se activó tras la movilización que exigía la realización del Censo de Población y Vivienda, conflicto que durante 36 días mantuvo paralizada gran parte de la actividad en Santa Cruz y generó enfrentamientos entre sectores a favor y en contra de la medida.

La denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2022 por Marcelo Mayta Huanca, dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se incorporó al proceso.

Los investigados fueron acusados por diferentes delitos, entre ellos racismo y discriminación, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas y terrorismo.

Entre los nombres incluidos en la causa estuvieron el entonces gobernador Luis Fernando Camacho, el exrector de la Uagrm Vicente Cuéllar, el abogado José Luis Santistevan, el rector Reinerio Vargas y el dirigente Rómulo Calvo.

SANTISTEVAN CUESTIONA EL PROCESO

Tras conocerse la decisión judicial, Santistevan aseguró que el proceso no logró llegar a una instancia de juicio debido a la falta de elementos que demostraran la comisión de los delitos atribuidos.

El abogado sostuvo que la investigación fue utilizada políticamente contra dirigentes cruceños y consideró que uno de sus principales efectos fue la situación judicial que atravesó Camacho después de su detención y traslado a La Paz.

“Fue un proceso promovido por el centralismo”, afirmó Santistevan, quien sostuvo que la movilización de 2022 estuvo vinculada a demandas sociales y a la exigencia de derechos considerados fundamentales.

Según su lectura, la causa buscaba generar un “escarmiento” contra Santa Cruz y debilitar a sus autoridades.

“UNA PÉRDIDA DE TIEMPO, DINERO Y SALUD”

Reinerio Vargas también se pronunció sobre el cierre del caso y destacó que finalmente haya terminado una investigación que, según dijo, representó un importante desgaste para los involucrados.

El rector de la Uagrm señaló que afrontar el proceso significó invertir tiempo y recursos, además de soportar consecuencias personales y emocionales.

Vargas sostuvo que la perseverancia permitió a los procesados llegar hasta el final del procedimiento sin abandonar su posición.

DEFENSA DE CAMACHO HABLA DE “PERSECUCIÓN”

Martín Camacho, abogado del exgobernador Luis Fernando Camacho, consideró que la extinción de la causa representa un nuevo elemento para cuestionar los procesos impulsados contra su defendido y otros líderes cruceños.

A través de sus redes sociales, afirmó que con el cierre del caso termina de manera definitiva la persecución contra el exgobernador vinculada a esta investigación.

El abogado sostuvo además que el proceso evidenciaría que durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) existió una intención de perseguir a dirigentes y autoridades de Santa Cruz.

La conclusión de esta causa cierra uno de los procesos derivados del conflicto por el Censo de 2022. Para los acusados y sus defensas, el desenlace confirma que no existían elementos suficientes para llevarlos a un juicio oral; mientras que la controversia política sobre aquel paro y sus consecuencias continúa siendo motivo de debate en Santa Cruz.