CASO SIDACTA: EL GOBIERNO DENUNCIA A 19 PERSONAS POR UN PRESUNTO DAÑO MILLONARIO AL ESTADO

La acción penal alcanza a otras 15 personas, entre exfuncionarios, técnicos y representantes de la empresa contratista. El proyecto de radares, adjudicado en 2016 por más de 191 millones de euros, registró siete modificaciones contractuales y observaciones en 11 de los 13 equipos del sistema.

El Ministerio de Defensa presentó este jueves ante la Fiscalía una querella penal contra cuatro exministros y otras 15 personas por presuntas irregularidades en la ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta). La acción busca esclarecer las decisiones adoptadas durante el desarrollo del proyecto y establecer posibles responsabilidades por un daño económico estimado inicialmente en Bs 1.478 millones.

Entre los exministros incluidos en la denuncia figuran Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. La querella también comprende a exfuncionarios públicos, responsables técnicos y representantes de la empresa encargada del proyecto.

El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, informó que los presuntos delitos identificados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La investigación deberá determinar si las actuaciones denunciadas configuran responsabilidades penales y cuál fue el alcance del posible perjuicio económico.

El Sidacta fue contratado en 2016 por un monto superior a los 191 millones de euros, bajo la modalidad de llave en mano. El acuerdo contemplaba la provisión e instalación de un sistema integral que incluía radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, infraestructura, programas informáticos, capacitación y transferencia tecnológica.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el objeto del contrato no era únicamente adquirir radares, sino entregar una plataforma completa, integrada y operativa para el control del espacio aéreo.

SIETE MODIFICACIONES Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN

Entre los principales elementos expuestos en la querella figuran siete modificaciones al contrato, que ampliaron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. Además, la entrega y demostración final del sistema se habrían reportado aproximadamente 98 meses después de emitida la orden de proceder.

Los informes técnicos citados en los antecedentes también identificaron observaciones en 11 de los 13 radares instalados. De ese total, nueve estaban operativos, pero presentaban observaciones, mientras que dos no se encontraban operativos. Los dos restantes funcionaban sin observaciones.

Pese a estas dificultades, el proyecto registró un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%, cifras que ahora forman parte de los elementos que deberán ser examinados durante la investigación.

La Unidad de Auditoría Interna calculó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. Sin embargo, la metodología aplicada para establecer ese monto, su alcance y su relación con las decisiones tomadas durante la ejecución contractual deberán ser evaluados por las instancias competentes.

LAS GESTIONES DE LOS EXMINISTROS

La querella identifica la participación de los cuatro exministros en diferentes etapas de la contratación y sus modificaciones. Según los antecedentes presentados, Reymi Ferreira Justiniano suscribió el contrato original y las dos primeras modificaciones; Javier Zavaleta López firmó la tercera y cuarta; Luis Fernando López Julio suscribió la quinta, y Edmundo Novillo Aguilar, la sexta y séptima.

La acción penal pretende que se revisen las actuaciones de cada uno de los involucrados, así como las decisiones técnicas, administrativas y contractuales adoptadas durante sus respectivas gestiones.

El documento presentado ante la Fiscalía aclara que la inclusión de exautoridades, funcionarios y representantes empresariales no implica que sean culpables de los hechos denunciados. Corresponderá al Ministerio Público investigar los antecedentes, establecer si existen elementos suficientes y determinar las responsabilidades individuales conforme a ley.