El abogado y exdirector del Trabajo en Santa Cruz, Julio César Choque, cuestionó la Resolución Ministerial 816/2026, que modifica los procedimientos para el reconocimiento de directorios sindicales. Advirtió que la norma amplía los plazos, incorpora nuevos requisitos y centraliza los trámites en La Paz, lo que, a su criterio, afecta la autonomía sindical y genera mayor burocracia para los trabajadores.


El abogado y exdirector del Trabajo en Santa Cruz, Julio César Choque, expresó su preocupación por la nueva normativa del Ministerio de Trabajo que modifica los procedimientos para el reconocimiento de directorios sindicales y advirtió que la medida representa un “retroceso” en el ejercicio de los derechos laborales y sindicales.
Choque señaló que la Resolución Ministerial 816/2026 modifica de manera sustancial el procedimiento que anteriormente se realizaba en las jefaturas departamentales de Trabajo.

Uno de los principales cambios, explicó, es la ampliación del plazo para la emisión de la resolución de reconocimiento, que pasaría de aproximadamente ocho días a 30 días.

“Es un retroceso en todo lo que ha significado la consolidación de los derechos laborales, particularmente uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la sindicalización”, sostuvo.

El exfuncionario recordó que el derecho a la sindicalización está reconocido por el artículo 51 de la Constitución Política del Estado y por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la libertad sindical.

MÁS REQUISITOS Y MAYOR BUROCRACIA

Entre los aspectos que cuestiona de la nueva normativa está la incorporación de nuevos requisitos para los dirigentes sindicales. Choque mencionó, entre ellos, la presentación del GEDA y la posibilidad de que la tramitación pueda ser paralizada a raíz de denuncias relacionadas con la rendición de cuentas de los dirigentes.

A su criterio, estas disposiciones incrementan la burocracia y otorgan al Ministerio de Trabajo un mayor margen de intervención sobre las organizaciones sindicales.

“Se está burocratizando no solo en la distancia, sino incrementando los requisitos y la documentación”, afirmó.

También expresó preocupación porque los nuevos dirigentes sindicales podrían quedar en una situación de vulnerabilidad mientras esperan la resolución que acredite oficialmente su representación.

Explicó que, especialmente en sindicatos recientemente constituidos, los dirigentes pueden enfrentar represalias por parte de sus empleadores y necesitan contar con la documentación correspondiente para acreditar su condición sindical ante las diferentes instancias.

LOS TRÁMITES SE CENTRALIZAN EN LA PAZ

Uno de los principales cuestionamientos de Choque está relacionado con la decisión de centralizar los trámites en el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de La Paz.

Según el abogado, las jefaturas departamentales dejarían de tener la competencia directa para procesar estos trámites y se limitarían principalmente a recibir documentación y remitirla a la sede central.“Centralizar todos los trámites en La Paz es un retroceso a todo nivel”, manifestó.

Choque sostuvo que, bajo este nuevo esquema, las oficinas departamentales podrían convertirse prácticamente en “ventanillas de recepción” de documentos, mientras que el procesamiento y la emisión de las resoluciones se realizarían desde La Paz.

Afirmó que esta situación generará mayores tiempos de espera, burocracia y gastos para los trabajadores que necesiten realizar el seguimiento de sus trámites.

SANTA CRUZ, UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MÁS AFECTADOS

El exdirector del Trabajo señaló que Santa Cruz podría ser uno de los departamentos más perjudicados debido a la cantidad de organizaciones sindicales existentes.

“Santa Cruz es el departamento más grande, tiene mayor industria y existe mayor crecimiento en materia sindical”, explicó.

Estimó que más de 300 sindicatos vinculados a diferentes sectores podrían verse afectados por el nuevo procedimiento, aunque aclaró que la cifra aumenta si se consideran organizaciones de áreas como salud, electricidad, hidrocarburos, gastronomía y otros sectores laborales.

El abogado sostuvo que muchos trabajadores no cuentan con los recursos económicos suficientes para trasladarse hasta La Paz con el objetivo de realizar el seguimiento de sus trámites.

ADVIERTE SOBRE UNA POSIBLE AFECTACIÓN A LA AUTONOMÍA SINDICAL

Choque también cuestionó el nivel de intervención que tendría el Estado sobre las organizaciones sindicales mediante la nueva normativa.

Afirmó que la medida podría afectar el principio de autonomía sindical y de no injerencia estatal en la gestión de las organizaciones de trabajadores.

“El Estado no puede tener semejante grado de injerencia para poder limitar de esa manera el ejercicio de los derechos sindicales”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la nueva resolución contradice el proceso de descentralización que, según explicó, se ha impulsado durante las últimas décadas.

“Es un retroceso de décadas”, afirmó.

ACUSA AL GOBIERNO DE TOMAR REPRESALIAS CONTRA LOS SINDICATOS


El exdirector del Trabajo fue más allá y consideró que las modificaciones podrían estar relacionadas con una posición de presión hacia las organizaciones sindicales.


Según Choque, los sindicatos se han convertido en uno de los principales sectores de oposición a determinadas medidas gubernamentales, especialmente por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.


“Me parece que esa represalia que está tomando el Gobierno se ha visto en la experiencia sindical, uno de los principales polos de oposición al Gobierno”, manifestó.


También mencionó que se habría anunciado un proyecto de ley relacionado con la declaratoria en comisión sindical, lo que, a su criterio, formaría parte de una serie de medidas que afectarían a la dirigencia sindical.


PLANTEA RECURSOS CONTRA LA NORMA


Ante este escenario, Choque recomendó a las organizaciones sindicales utilizar sus mecanismos legales y orgánicos para cuestionar la nueva disposición.


Planteó la posibilidad de presentar recursos administrativos y acciones constitucionales, entre ellos un recurso de revocatoria, una acción de amparo constitucional o incluso un recurso de inconstitucionalidad.


“Esta norma es totalmente inconstitucional”, afirmó.
El abogado argumentó que la resolución vulneraría el principio de progresividad de los derechos laborales y sostuvo que una normativa que dificulta o restringe el ejercicio de la libertad sindical no debería aplicarse en esos términos.
Finalmente, pidió a los sindicatos y a la clase trabajadora organizarse y utilizar los mecanismos legales correspondientes para defender sus derechos frente a los cambios introducidos por la nueva normativa ministerial.