
El Foro Nacional de Periodistas de Bolivia emitió este sábado un pronunciamiento histórico en el que demanda garantías para la libertad de prensa y expresión, y valora la disposición del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, de mantener una relación constructiva y respetuosa con los medios de comunicación y sus profesionales.
El encuentro, realizado el 24 y 25 de octubre en Cochabamba, reunió por primera vez a las principales organizaciones del gremio: la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB), la Asociación de Mujeres Periodistas de Bolivia (AMPB) y la Asociación de Corresponsales Internacionales en Bolivia (ACIB).
El pronunciamiento plantea varias exigencias clave: la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, la implementación de mecanismos de protección para periodistas, la creación de una ley de protección al sector y auditorías independientes de la publicidad estatal, para garantizar su uso transparente y sin fines políticos. Además, los gremios solicitan que los medios públicos se transformen en espacios de servicio público, administrados con criterios meritocráticos y pluralistas.
El documento alerta sobre la grave situación del periodismo en Bolivia. Entre 2021 y 2025, se registraron 679 vulneraciones a la libertad de prensa, que incluyen agresiones físicas y psicológicas, amenazas, hostigamientos, presiones para revelar fuentes, ciberacoso y acoso sexual. A esto se suma que siete de cada diez periodistas trabajan en condiciones de precariedad, lo que fomenta la autocensura y limita el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural.
“El país necesita un periodismo libre, plural y responsable, capaz de fortalecer la democracia y reconstruir la confianza ciudadana”, señala el pronunciamiento, que además reafirma la vigencia de la Ley de Imprenta y el respeto a los derechos laborales del sector.
Finalmente, el Foro hace un llamado al nuevo gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la sociedad civil a promover un diálogo nacional que consolide un marco de garantías para periodistas y ciudadanos, asegurando el acceso a información confiable y transparente.







