SANTA CRUZ DE LA SIERRA  – El sistema de salud público en Santa Cruz atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes. Mientras los conflictos gremiales se extienden, miles de ciudadanos quedan atrapados en un laberinto administrativo que pone en riesgo sus vidas. Solo en los últimos ocho días de huelga, aproximadamente 12.000 pacientes perdieron sus turnos en consulta externa en los cinco hospitales de tercer nivel de la ciudad.

Los más afectados por la suspensión de actividades son los pacientes con cáncer de diagnóstico reciente. Para ellos, la consulta externa es la única puerta de entrada al tratamiento; sin ella, no pueden acceder a quimioterapias o cirugías vitales.

“Los paros prolongan la agonía. Hay pacientes que fallecen esperando una reprogramación. Si pierden un turno hoy, deben esperar hasta un mes más, y en el cáncer cada minuto cuenta”, lamentó Lihetzer Zenteno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer.

Casos como el de Romelio A., quien lleva cinco meses intentando iniciar quimioterapia tras la extirpación de un riñón, o el de Ana Castro, quien duerme en los pasillos del hospital para intentar conseguir una ficha de mastología, reflejan el rostro humano de la crisis.

Aunque servicios como radioterapia o emergencias se mantienen operativos, el paro de trabajadores administrativos impide el acceso a las historias clínicas. Sin este documento, los médicos no pueden atender a pacientes nuevos, bloqueando por completo el inicio de tratamientos especializados. Desde enero de 2025 hasta la fecha, el sistema público ha acumulado 97 días sin atención debido a diversas medidas de presión.

Para la mayoría de los enfermos, el hospital público es la única opción. Zenteno detalló que, en el sector privado, una consulta especializada cuesta entre Bs 300 y Bs 500, mientras que un ciclo de quimioterapia puede alcanzar los Bs 45.000, cifras imposibles de costear para familias que apenas reúnen para el pasaje de transporte.

Mientras el Fesirmes dictó un cuarto intermedio, los trabajadores de salud mantienen un paro de 96 horas que se extenderá hasta este jueves. Por su parte, el Alcalde calificó las medidas como «injustificadas», asegurando que los salarios están garantizados, mientras que las autoridades departamentales instan a levantar las protestas para frenar el sufrimiento de los pacientes.

Ante la falta de respuestas, las asociaciones de pacientes se han declarado en estado de emergencia, advirtiendo que la indiferencia de las autoridades está cobrando vidas que podrían haberse salvado con una atención oportuna.