SANTA CRUZ DE LA SIERRA – La violencia por el control de tierras en Santa Cruz ha alcanzado un punto crítico tras la brutal agresión sufrida por Ricardo Peña, cacique chiquitano de 76 años. El líder indígena se recupera en el hospital San Juan de Dios tras ser emboscado y golpeado hasta quedar inconsciente en el municipio de San José de Chiquitos, luego de intentar frenar un avasallamiento en predios de su familia.

Con ambos brazos enyesados y fracturas abiertas, el cacique relató desde su lecho hospitalario la ferocidad del ataque. «Me tumbaron por detrás… era para matar», afirmó Peña, quien identifica a sectores interculturales como los responsables de las amenazas previas. Pese a haber denunciado los avasallamientos ante el INRA y la Fiscalía, el líder indígena asegura que las instituciones no solo ignoraron su pedido de auxilio, sino que permitieron que los agresores demandaran a los dueños legítimos.

La agresión ha desatado una ola de indignación que se tradujo en una vigilia permanente en las oficinas del INRA Santa Cruz. Comunarios denuncian la destrucción sistemática de viviendas y daños ambientales, bajo una supuesta protección política.

  • Cifra alarmante: Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), existen al menos 300 predios avasallados actualmente en el departamento.
  • Respaldo Cívico: El Comité pro Santa Cruz calificó el hecho como una muestra de «impunidad y Estado ausente», exigiendo la intervención inmediata del Ministerio de Gobierno.

Ante la escalada de violencia, la Gobernación de Santa Cruz ha tomado una postura firme. El gobernador Luis Fernando Camacho anunció la presentación de un plan nacional para el desalojo de las 300 propiedades tomadas, planteando el uso de la Policía y las Fuerzas Armadas para garantizar que los ocupantes ilegales no retornen a los predios.

Expertos constitucionalistas señalan que, aunque la movilización militar depende del Ejecutivo Nacional, la gravedad de los conflictos territoriales justifica el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y el estado de derecho en el agro cruceño. Mientras el debate escala a nivel político, Ricardo Peña permanece hospitalizado, convertido en el símbolo de una lucha donde, según las víctimas, la justicia sigue siendo la gran ausente.