La exdiputada del MAS, Lidia Patty, fue enviada este sábado a detención preventiva por cuatro meses en el Centro de Reorientación Femenina de Obrajes, mientras se desarrollan las investigaciones por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros relacionados con el Fondo Indígena (Fondioc).
El abogado defensor de Patty, Jorge Nina, informó que presentará este domingo una tercera acción de libertad, después de que las dos anteriores fueran rechazadas, permitiendo así que se realice la audiencia de medidas cautelares.
El Ministerio Público reactivó un caso antiguo vinculado a un presunto desfalco de recursos destinados a proyectos productivos. Según la denuncia, Patty habría recibido cerca de 700.000 bolivianos en cuentas personales para un proyecto de producción de tomate y papa, que muestra un avance físico del 50%, mientras que la ejecución presupuestaria supera el 80%.
El traslado de Patty generó polémica luego de que la exdiputada cayera al descender del vehículo policial, aparentemente por la altura del motorizado, siendo auxiliada por los efectivos antes de ingresar al Tribunal Departamental de Justicia.
Sectores del MAS y del llamado “evismo” criticaron la detención, denunciando persecución política por parte del gobierno de Rodrigo Paz, recordando que Patty fue una de las denunciantes en los procesos que derivaron en el encarcelamiento de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho por los hechos de noviembre de 2019.
Patty enfrenta cargos adicionales por contratos lesivos al Estado y mantiene una alerta migratoria que le impide salir del país. El fiscal Miguel Cardozo aseguró que existen pruebas que la vinculan con el uso indebido de recursos del Fondioc, destinados a las comunidades beneficiarias.
La exlegisladora también estuvo involucrada en el caso Golpe de Estado I, expediente que fue anulado respecto a los hechos anteriores a la caída de Evo Morales en 2019, en el que estaban procesados Áñez, Camacho y Marco Antonio Pumari.
