El Juzgado Comercial N.º 14 de Argentina hizo lugar a un reclamo del Banco Galicia contra el consultor político y su empresa Numen Publicidad y Sondeos. La deuda, que incluye capital, intereses y costas, fue calculada en casi 139 millones de pesos argentinos.

La situación judicial de Fernando Cerimedo suma un nuevo frente en Argentina. La Justicia de ese país ordenó la inhibición general de sus bienes y los de su empresa Numen Publicidad y Sondeos, dentro de un proceso iniciado por el Banco Galicia por una deuda que, con intereses, alcanzaba los 138.977.808 pesos argentinos, equivalentes a unos 90.500 dólares al 16 de abril de 2026.

La causa se tramita ante el Juzgado Comercial N.º 14, a cargo del juez Pablo Frick, a raíz de un pagaré por 70 millones de pesos —aproximadamente 45.600 dólares— emitido por Numen Publicidad y Sondeos el 10 de febrero de 2025 y respaldado por Cerimedo como garante.

De acuerdo con la documentación judicial, el banco reclamó el pago del capital más los intereses compensatorios y punitorios. Ante la demanda, el juzgado dispuso que Cerimedo y su empresa sean intimados a cumplir con el pago y estableció un plazo de cinco días para que se presenten y planteen las excepciones que consideren correspondientes.

La resolución también ordenó la inhibición general de bienes de Cerimedo y de Numen. Esta medida impide disponer libremente del patrimonio registrado, incluyendo operaciones como ventas, transferencias o constitución de garantías sobre determinados bienes, mientras avance el proceso judicial.

Además, el juzgado solicitó información sobre la situación registral de la empresa ante la Inspección General de Justicia y requirió datos laborales del consultor ante organismos públicos.

Un nuevo problema judicial

El proceso comercial se suma a las investigaciones que Cerimedo enfrenta actualmente en Bolivia, donde permanece detenido desde el 18 de agosto.

El consultor argentino está procesado por una investigación relacionada con el ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller, causa que fue calificada como tentativa de feminicidio. Paralelamente, es investigado por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Su situación en Bolivia ha generado además repercusiones políticas debido a su vínculo con distintos sectores y campañas electorales de la región.

Cerimedo fue asesor de la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina en 2023 y posteriormente mantuvo actividades de consultoría política en diferentes países, entre ellos Brasil, Honduras y Bolivia.

Sus vínculos con el poder político

En Argentina, su nombre volvió a aparecer recientemente en medio de cuestionamientos sobre sus vínculos con el Gobierno de Milei. Autoridades argentinas reconocieron que Cerimedo ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024.

El Gobierno de ese país, sin embargo, sostuvo que esos ingresos no implicaron reuniones con el propio presidente Milei.

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz también marcó distancia de Cerimedo y negó que hubiera recibido autorización para representar oficialmente a su Gobierno o a su familia. No obstante, reconoció que el consultor colaboró durante su campaña electoral de 2025 y en los primeros meses de su administración.

La propia Nadia Beller había señalado que Cerimedo contaba con un espacio de trabajo en la Casa de Gobierno y que mantenía cercanía con el mandatario.

Investigación también en Brasil

A este escenario se suma una investigación abierta en Brasil, donde Cerimedo fue mencionado en el proceso relacionado con el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023.

Dentro de esa investigación, las autoridades brasileñas lo señalaron como uno de los actores vinculados a la difusión de información falsa relacionada con las elecciones de 2022, que fueron ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.

Así, mientras en Bolivia enfrenta procesos penales y permanece privado de libertad, en Argentina una causa comercial derivó en la inhibición de sus bienes por una deuda bancaria que, sumados capital, intereses y costas, bordea los 139 millones de pesos argentinos.

La nueva resolución judicial abre otro capítulo en la compleja situación legal que enfrenta el consultor político en distintos países.