MARSET NO LOGRA EXCLUIR PRUEBAS OBTENIDAS EN BOLIVIA Y SU JUICIO SIGUE PARA ENERO
El magistrado descartó que se hayan vulnerado los derechos del uruguayo durante los interrogatorios de la DEA en Bolivia y rechazó los pedidos para anular cargos y excluir declaraciones. El juicio con jurado está previsto para el 11 de enero de 2027.
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El proceso judicial contra el uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos continúa avanzando hacia un juicio con jurado, luego de que un juez federal rechazara varios recursos presentados por su defensa para anular los cargos en su contra y excluir declaraciones y evidencias obtenidas tras su captura en Bolivia.
La decisión fue emitida el martes 17 de noviembre por el juez de distrito Rossie Alston Jr., del estado de Virginia, quien desestimó los argumentos de los abogados de Marset sobre una supuesta persecución vengativa y presuntas irregularidades cometidas por los fiscales. También concluyó que no se demostró una vulneración de los derechos Miranda del acusado durante los interrogatorios realizados por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en territorio boliviano.
De acuerdo con una publicación de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el magistrado consideró que Marset inició algunas de las conversaciones con los investigadores después de su detención y que no existen elementos suficientes para establecer que fue obligado a declarar durante su expulsión a Perú y posterior traslado a Estados Unidos.
En una resolución de 23 páginas, Alston sostuvo que el Gobierno estadounidense cumplió con la carga de demostrar que no se vulneraron los derechos del acusado. Por esa razón, rechazó la solicitud de excluir sus declaraciones y las pruebas físicas obtenidas a partir de ellas.
Defensa cuestionó los interrogatorios de la DEA
Uno de los principales argumentos de los abogados de Marset apuntaba a que los agentes antidrogas lo interrogaron sin respetar su derecho a contar con asistencia legal, por lo que solicitaron que sus declaraciones fueran retiradas del proceso.
Sin embargo, el juez señaló que no encontró pruebas de que el uruguayo hubiera sido coaccionado para conversar con los investigadores en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz.
La defensa también denunció que los agentes de la DEA le habrían pedido entregar sus criptomonedas. Este planteamiento fue rechazado por el magistrado, quien indicó que no encontró respaldo documental para esa afirmación. Además, recordó que el principal agente de la investigación negó esa versión bajo juramento durante una audiencia previa al juicio.
Alston también descartó los cuestionamientos sobre una supuesta conducta indebida de los fiscales y destacó el profesionalismo del equipo del Departamento de Justicia estadounidense.
Fiscalía busca incluir pruebas sobre presuntos sobornos
Mientras la defensa intenta limitar las evidencias que pueden ser utilizadas en el juicio, los fiscales estadounidenses solicitaron autorización para incorporar mensajes interceptados y documentos relacionados con presuntos sobornos que Marset habría realizado a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Según la acusación, esos pagos habrían servido para obtener información confidencial sobre investigaciones de narcotráfico, evitar operativos de captura y recibir alertas sobre reuniones entre agentes de la DEA y autoridades bolivianas.
El juez todavía debe resolver si admite estos elementos, así como los testimonios de presuntos integrantes de la organización investigada. También está pendiente el pedido de la defensa para excluir pruebas obtenidas de comunicaciones cifradas mediante la plataforma Sky Global.
En anteriores actuaciones judiciales, la Fiscalía sostuvo que Marset proporcionó información voluntariamente a los agentes antidrogas después de su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo de 2026.
De acuerdo con documentos judiciales citados por EL DEBER, el uruguayo habría mencionado que todavía tenía dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia. También habría señalado que el Primer Comando de la Capital (PCC) traficaba entre el 80% y el 90% de las armas que ingresaban al país.
La defensa cuestionó las condiciones en las que se obtuvieron esas declaraciones y pidió que no sean utilizadas en el proceso. La Fiscalía, en cambio, afirmó que Marset fue informado de sus derechos antes de conversar con los investigadores.
El uruguayo fue capturado durante un operativo policial en Santa Cruz y posteriormente trasladado a Estados Unidos con intervención de la DEA. Inicialmente enfrentó cargos por lavado de dinero y luego se añadieron acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo.
Tras el rechazo de los recursos presentados por sus abogados, el proceso continúa encaminado hacia un juicio con jurado, cuya fecha de inicio está prevista para el 11 de enero de 2027. Entretanto, la Justicia estadounidense aún debe definir qué pruebas sobre los presuntos sobornos y las comunicaciones cifradas podrán ser incorporadas al debate.