El Decreto Supremo 5697 establece una intervención estatal extraordinaria para revisar la gestión de la petrolera y obtener información sobre la importación, distribución y comercialización de combustibles.

El Gobierno de Rodrigo Paz determinó la intervención extraordinaria y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, en un contexto marcado por la persistente escasez de combustibles y las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio del país.

La medida tiene como finalidad proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia en la administración operativa y administrativa de la empresa estatal.

De acuerdo con la nueva normativa, la intervención tendrá una duración de hasta 180 días. El plazo podrá ampliarse, de manera excepcional, por otros 90 días y por una sola vez, mediante una resolución ministerial emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. Asimismo, la intervención podrá concluir antes del periodo establecido si así se determina durante el proceso.

Uno de los principales objetivos será recopilar información suficiente y confiable que permita realizar un diagnóstico de la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.

El proceso también contempla la revisión de los volúmenes destinados a las estaciones de servicio y de las diferentes modalidades de comercialización de combustibles, con el propósito de contar con datos que permitan mejorar la gestión y distribución.

La disposición aclara que la intervención no significa la eliminación de YPFB ni supone cambios en su naturaleza jurídica o en la estructura establecida por las normas vigentes.

Para llevar adelante esta tarea se conformará una comisión de intervención integrada por cuatro ministros de Estado o sus respectivos representantes, quienes tendrán a su cargo las acciones correspondientes durante el periodo establecido.

La decisión del Ejecutivo se produce mientras persisten los problemas de abastecimiento de diésel y gasolina, situación que ha generado extensas filas en los surtidores y reclamos de diferentes sectores que dependen de los carburantes para sus actividades productivas y de transporte.

Con la intervención, el Gobierno busca establecer un diagnóstico sobre el funcionamiento de YPFB y de la cadena de abastecimiento, además de identificar medidas que permitan mejorar la provisión y distribución de combustibles en el país.