La Gobernación de Santa Cruz dio inicio al proceso de auditoría de los contratos correspondientes a las obras ejecutadas en el estadio Ramón «Tahuichi» Aguilera, una revisión que estará a cargo de la Contraloría General del Estado con el objetivo de establecer si existen responsabilidades por las intervenciones realizadas en el principal escenario deportivo del departamento.
El anuncio fue realizado este viernes por el vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, quien explicó que la auditoría constituye la siguiente fase del proceso de fiscalización, luego de que la administración departamental concluyera una evaluación técnica e institucional que identificó indicios que ameritan una investigación especializada.
“Esta administración está actuando con responsabilidad y dentro del debido proceso. No buscamos una vendetta política ni generar un espectáculo, sino garantizar que los recursos públicos hayan sido utilizados correctamente y que, si existen responsabilidades, estas sean establecidas conforme a la ley”, manifestó.
Schrupp precisó que la auditoría abarcará cuatro componentes principales de las obras: el sistema de iluminación y las instalaciones eléctricas, la cancha, la estructura del estadio y las remodelaciones efectuadas en los palcos.
Por su parte, el gerente departamental de la Contraloría General del Estado, Glauco Montero, informó que el trabajo comenzó este viernes con la recopilación y revisión de la documentación contractual, además de inspecciones técnicas en el estadio.
Explicó que el equipo auditor estará integrado por ingenieros especializados que llegarán desde La Paz y que el proceso demandará entre dos y tres meses, periodo en el que se verificará el cumplimiento de los contratos y la calidad de las obras ejecutadas.
Una vez concluida la auditoría, la Contraloría emitirá un informe técnico que establecerá si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
En tanto, el secretario departamental de Desarrollo Económico, Roberto Gil, indicó que la decisión de solicitar la intervención de la Contraloría se sustenta en informes elaborados por la Sociedad de Ingenieros, empresas especializadas y el equipo técnico de la Gobernación, los cuales identificaron observaciones que requieren una evaluación independiente.
«Existen varios indicios que deben ser analizados técnicamente; será la Contraloría la instancia encargada de determinar si corresponde establecer algún tipo de responsabilidad», señaló.
La Gobernación reafirmó que el propósito de este proceso es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y asegurar que cualquier determinación se adopte con base en criterios técnicos y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
