El gobernador Juan Pablo Velasco promulgó la ley del Presupuesto Operativo Anual para 2027. La Gobernación prevé reducir en 70% la deuda flotante, fortalecer hospitales de tercer nivel y reactivar programas sociales, aunque advierte que los recursos aún son insuficientes para grandes proyectos.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, promulgó este viernes la ley del Presupuesto Operativo Anual (POA) 2027 del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, que contempla un presupuesto de Bs 1.463.278.750 para la próxima gestión.

La vicegobernadora Paola Aguirre informó que una de las prioridades de la administración departamental será fortalecer la atención a los sectores más vulnerables y reactivar programas que fueron cerrados en anteriores gestiones, principalmente en áreas como educación, atención a adultos mayores y protección de niños en situación de vulnerabilidad.

Otro de los principales componentes del presupuesto será el fortalecimiento de los hospitales de tercer nivel, mediante mayores recursos destinados a infraestructura y equipamiento.

Aguirre destacó además que la Gobernación prevé una reducción cercana al 70% de la deuda flotante, que fue heredada de administraciones anteriores. Según explicó, esta disminución permitirá mejorar las condiciones financieras de la institución y ampliar su capacidad de atención.

Sin embargo, reconoció que los recursos contemplados en el POA aún son insuficientes para cubrir todas las necesidades del departamento y ejecutar proyectos de gran magnitud, como la construcción de nuevos hospitales y carreteras.

Por ello, la Gobernación prevé recurrir a fuentes alternativas de financiamiento, entre ellas la cooperación internacional y la participación de capital privado mediante el modelo de concesiones.

En ese marco, Aguirre aclaró que proyectos como el tren metropolitano y el mejoramiento del Hospital Oncológico no dependerán exclusivamente de los recursos del POA 2027.

“El tren metropolitano no sale de este POA”, afirmó la vicegobernadora, al explicar que la administración departamental busca gestionar cooperación internacional e inversores privados para concretar este tipo de obras.

Otro de los puntos de preocupación para la Gobernación es la estructura de sus ingresos. Aguirre señaló que aproximadamente el 75% de los recursos departamentales está vinculado a los precios internacionales del gas, lo que deja a la institución expuesta a variaciones externas.

Ante esta situación, la autoridad ratificó la intención de impulsar la propuesta de distribución 50-50 de la coparticipación tributaria, con el argumento de que una mayor participación en estos recursos permitiría mejorar la liquidez y la capacidad financiera del departamento.

La vicegobernadora también destacó la reducción del gasto corriente, al señalar que menos de Bs 10 de cada Bs 100 administrados por la Gobernación son destinados al aparato administrativo, como parte de la política de austeridad implementada por la actual gestión.

Asimismo, cuestionó que la Gobernación tenga que destinar actualmente más de Bs 58 millones de recursos propios para cubrir competencias que corresponden al nivel central del Estado, entre ellas el pago de títulos de bachiller, prediarios y bonos de vacunación.

Aguirre informó que existe un proyecto de ley en tratamiento en la Cámara de Diputados que plantea trasladar esas obligaciones al nivel central. De aprobarse, sostuvo, la Gobernación podría liberar recursos para destinarlos a programas, servicios y proyectos que corresponden directamente a sus competencias y que son considerados prioritarios para Santa Cruz.