Tras una reunión en Pando, las autoridades definieron una agenda conjunta para reformar la distribución de recursos fiscales. El Ejecutivo prevé presentar una propuesta normativa hasta el 30 de octubre y remitir el anteproyecto a la Asamblea Legislativa el 6 de noviembre.

El Gobierno nacional y los gobernadores de los nueve departamentos acordaron trabajar de manera conjunta en una ley especial de coparticipación tributaria, como parte de la agenda destinada a avanzar hacia el modelo de redistribución de recursos fiscales denominado 50/50.

El acuerdo se alcanzó este lunes durante una reunión realizada en Pando, donde las autoridades definieron los principales lineamientos y plazos para elaborar una propuesta que establezca nuevos criterios para la distribución de los ingresos públicos entre los distintos niveles del Estado.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que los equipos técnicos continuarán trabajando en el proyecto, tomando en cuenta aspectos como la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, las competencias institucionales y la eficiencia en la asignación de recursos.

Según el cronograma anunciado por el Ejecutivo, la propuesta normativa será presentada hasta el 30 de octubre para su análisis con los gobernadores. Posteriormente, se prevé remitir el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa hasta el 6 de noviembre.

Además de la coparticipación tributaria, la agenda acordada contempla otros temas vinculados con el financiamiento y las atribuciones de los gobiernos departamentales.

Entre los puntos establecidos figura la evaluación de los mecanismos de financiamiento para la exploración y explotación de hidrocarburos, incluido el uso de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). También se prevé analizar modificaciones a la Ley 767, relacionada con los incentivos para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Otro de los ejes apunta a revisar el marco normativo del relacionamiento internacional de las entidades territoriales, con el propósito de facilitar el acceso a cooperación, inversiones, tecnología y financiamiento para proyectos.

La agenda también incluye cambios a la Ley 154, referida a la clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y modificación de tributos, con el objetivo de ampliar las fuentes de ingresos propios de las gobernaciones.

Asimismo, las autoridades plantearon mejorar la gestión del gasto público, fortalecer las instituciones y avanzar en la descentralización, vinculando la asignación de recursos con responsabilidades claras para cada nivel de gobierno.

Como parte del proceso, se acordó instalar mesas técnicas permanentes y desarrollar gabinetes territoriales para abordar las necesidades específicas de cada departamento. El inicio de estos espacios está previsto para el 26 de octubre, con prioridad en salud, educación, desarrollo productivo, minería y energía.

El Gobierno y las gobernaciones también se comprometieron a mantener reuniones periódicas y trasladar parte del trabajo a los territorios, con la finalidad de identificar demandas regionales y acelerar la ejecución de programas y proyectos.

Aramayo señaló que el objetivo es construir una propuesta consensuada que permita fortalecer la autonomía departamental, mejorar la capacidad de financiamiento de las regiones y mantener criterios de responsabilidad fiscal y social.

La iniciativa ingresará ahora en una etapa de trabajo técnico y definición normativa. Su alcance dependerá de los acuerdos que se logren entre el Ejecutivo y las gobernaciones, así como del posterior tratamiento legislativo.