La Federación Única de Trabajadores Campesinos «Túpac Katari» se declaró en estado de emergencia en las 20 provincias del departamento de La Paz, luego de la aprehensión de su principal dirigente, Vicente Salazar, quien es investigado por presuntos delitos de terrorismo y otros cargos relacionados con los bloqueos de carreteras que afectaron al país durante 53 días.

A través de un pronunciamiento, la organización exigió la liberación inmediata de Salazar y calificó su captura como una «detención arbitraria e ilegal». Asimismo, sostuvo que el dirigente actuó únicamente como portavoz de las demandas de las bases y denunció una supuesta persecución política contra representantes de organizaciones sociales y sindicales.

El comunicado también señala que la declaratoria de emergencia busca resguardar los derechos físicos y jurídicos de al menos 250 dirigentes que, según la federación, enfrentarían procesos judiciales.

La aprehensión de Salazar se produjo tras una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, que también involucra a dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), al expresidente Evo Morales y a representantes cocaleros, acusados de promover los bloqueos que ocasionaron pérdidas económicas, el cierre de empresas y la muerte de al menos 24 personas.

La declaratoria de emergencia generó distintas reacciones en la Asamblea Legislativa. La presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Catherine Pinto, afirmó que un pronunciamiento de esta naturaleza podría entrar en conflicto con el estado de excepción vigente, al considerar que no se puede desconocer la autoridad del Estado ni promover acciones que afecten el orden constitucional.

En contraste, la diputada Lily Zurita sostuvo que la declaración de emergencia no constituye, por sí misma, una vulneración al estado de excepción, al no convocar de forma expresa a bloqueos o medidas de presión. En la misma línea, el senador Leonardo Roca indicó que el pronunciamiento solo podría derivar en responsabilidades si posteriormente se materializan movilizaciones que contravengan las restricciones establecidas por el Gobierno.Mientras tanto, las autoridades nacionales reiteraron que el proceso contra Salazar responde a una investigación judicial y descartaron que se trate de un caso de persecución política, insistiendo en que cualquier intento de presionar a la justicia mediante movilizaciones será rechazado en el marco de la normativa vigente.