Una denuncia por presuntas agresiones físicas contra jóvenes que cumplen el servicio militar ha generado preocupación entre familiares de conscriptos, quienes exigen que las autoridades competentes investiguen los hechos y garanticen la seguridad de los soldados al interior de las unidades castrenses.

Según el testimonio de los denunciantes, uno de los jóvenes habría regresado a su domicilio con fuertes dolores abdominales, situación que despertó la alarma de sus allegados y motivó sus reclamos por lo que presuntamente habría ocurrido dentro del recinto militar donde presta servicio.

El caso tomó mayor relevancia tras la circulación de videos en los que, según los familiares, se observarían escenas de violencia, sometimiento y maltrato entre conscriptos de diferentes promociones. Los denunciantes sostienen que soldados de la categoría 2025 habrían agredido a reclutas de la clase 2026, presuntamente aprovechando la diferencia de antigüedad.

Los familiares también expresaron su preocupación por una posible tolerancia de estas prácticas dentro de la institución. En sus declaraciones mencionaron al teniente coronel DEM Juan Alejandro Camacho Arancibia, a quien identifican como comandante del Instituto Tecnológico Militar del Trópico “Chapare”. Sin embargo, estas afirmaciones deben ser verificadas y contrastadas con la versión de la autoridad señalada.

Otro de los puntos cuestionados por los denunciantes está relacionado con su visita a la Defensoría del Pueblo en Cobija, donde aseguran que buscaron orientación para poner los hechos en conocimiento de las instancias correspondientes.

De acuerdo con su versión, la representante Cinthya Jordan les habría recomendado no formalizar la denuncia para evitar problemas con el jefe militar mencionado. Esta acusación tampoco ha sido corroborada, por lo que será importante conocer la posición oficial de la institución y de la funcionaria aludida.

Ante esta situación, los familiares demandan que se esclarezcan las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron las agresiones, se identifique a los posibles responsables y se adopten medidas para proteger la integridad física y psicológica de los jóvenes que realizan el servicio militar.

El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión dentro de los recintos militares y las garantías que tienen los conscriptos para denunciar posibles abusos sin temor a represalias. Los denunciantes sostienen que la disciplina y la formación castrense no deben justificar conductas que puedan poner en riesgo la salud o la dignidad de los soldados.

Hasta el momento, los hechos descritos corresponden a las versiones de los familiares. Será responsabilidad de las autoridades competentes verificar el contenido de los videos, establecer si existieron agresiones y determinar posibles responsabilidades, respetando el debido proceso.

Asimismo, se espera que las autoridades militares y la Defensoría del Pueblo aclaren los señalamientos realizados por los denunciantes y comuniquen las acciones que correspondan para esclarecer el caso.