Una familia de Santa Cruz exige recuperar una vagoneta Toyota Land Cruiser Prado, modelo 2025, que fue secuestrada por orden fiscal el 26 de junio, nueve días después de su compra. El motorizado, de color bronce metálico y con placa 6484-DEA, apareció posteriormente en Sucre, junto a otro vehículo relacionado con el exfiscal general del Estado Róger Mariaca.

El abogado de los propietarios, Martín Camacho, anunció que acudirá al Ministerio Público en Santa Cruz y Sucre para solicitar una investigación sobre el procedimiento, el traslado del vehículo y las razones por las que sus clientes llevan más de tres meses sin poder recuperarlo.

La defensa sostiene que los propietarios no están involucrados en la investigación penal que motivó el secuestro y cuestiona que la medida se haya dispuesto a partir de una placa de control que figuraba en unos planos arquitectónicos encontrados durante un allanamiento.

La orden fiscal y los antecedentes del caso

Según el documento presentado por la defensa, la disposición fue firmada por la fiscal de materia Milenca Rodas Patiño dentro de un proceso iniciado contra varias personas por presuntos delitos de tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego, robo agravado, asociación delictuosa y receptación.

Los antecedentes de la resolución señalan que, durante un registro efectuado el 6 de abril en un inmueble ubicado en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia, los investigadores encontraron documentos, planos arquitectónicos y tres vainas de munición de distintos calibres, entre otros elementos.

En los planos se habrían identificado anotaciones de placas vehiculares, incluida la numeración correspondiente a la Toyota Prado reclamada por la familia. Este antecedente fue considerado para disponer el secuestro del motorizado.

Sin embargo, Camacho afirma que sus clientes no conocen a las personas investigadas y que ni la compradora ni su hijo figuran entre los procesados en esa causa.

La familia asegura que adquirió el vehículo de buena fe

La vagoneta fue comprada el 17 de junio por aproximadamente 72.000 dólares. De acuerdo con el abogado, la madre entregó otro vehículo como parte de pago y cubrió la diferencia para concretar la adquisición.

Días después, cuando la mujer se encontraba en un supermercado de la zona de Equipetrol, acompañada de su hija de dos años, efectivos policiales le comunicaron que el motorizado tenía una orden de secuestro.

Según el relato de la defensa, la propietaria y su hijo fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecieron varias horas. Camacho sostiene que inicialmente no les mostraron la orden y que posteriormente conocieron la resolución fiscal.

Desde entonces, la familia habría presentado solicitudes para recuperar el vehículo, pero asegura que no obtuvo una respuesta favorable.

Abogado denuncia presuntas exigencias de dinero

El jurista también afirmó que, después del secuestro, sus clientes recibieron llamadas y mensajes en los que presuntamente les exigían dinero para solucionar el problema. Según su versión, los montos mencionados fueron de 30.000 dólares y posteriormente 10.000 dólares.

La defensa anunció que solicitará una investigación formal para identificar a los responsables de esas comunicaciones y verificar las circunstancias en las que se habrían producido. Por ahora, se trata de denuncias formuladas por la familia que deben ser corroboradas por las autoridades.

Piden esclarecer cómo llegó la vagoneta a Sucre

La familia reconoció su vehículo en imágenes difundidas tras el hallazgo de dos Toyota Prado en Sucre. Una era de color negro y la otra, de tono bronce, con características coincidentes con el motorizado reclamado.

De acuerdo con la información atribuida al fiscal general interino, José Armando Urioste, en la vagoneta negra utilizada por Róger Mariaca se encontraron armas de grueso calibre. En el vehículo de color bronce no se habrían hallado elementos similares, según los antecedentes difundidos.

La defensa cuestiona por qué la Toyota Prado fue trasladada a Sucre y pide establecer qué unidad policial intervino, quién autorizó su movilización y dónde permaneció bajo custodia durante ese tiempo.

Camacho recordó que el secuestro de un bien dentro de una investigación penal no implica automáticamente que pase a propiedad del Estado. En ese sentido, considera necesario determinar qué relación tenía el motorizado con los hechos investigados y si existen fundamentos para mantener la medida.

La resolución fiscal dispone la presentación del vehículo ante la fiscal o el investigador asignado y la elaboración de las actas correspondientes. Según la documentación citada por la defensa, no se establece una incautación definitiva ni se atribuye responsabilidad penal a los propietarios.

La familia espera que el Ministerio Público esclarezca el recorrido y la situación jurídica del vehículo, además de responder a sus solicitudes de devolución. La defensa también busca que se determinen posibles responsabilidades si la investigación confirma irregularidades en el procedimiento.