Una agente de servicios de vuelos privados denunció un presunto incumplimiento de pago por un servicio chárter que tuvo como pasajeros al vicepresidente del Estado, Edmand Lara, su esposa, la diputada Diana Romero, y personal de seguridad, en un viaje realizado a Puerto Suárez a mediados de marzo.

La denunciante, Sandra Velasco Flores, quien trabaja como intermediaria en la contratación de vuelos privados, señaló que el servicio fue solicitado el 18 de marzo por el mayor Franz Rojas Albarracín, quien pidió una cotización para un traslado Santa Cruz–Puerto Suárez–Santa Cruz. El costo inicial fue fijado en Bs 16.800, posteriormente reducido a Bs 16.000 tras un descuento acordado.

De acuerdo con el relato, se realizó un pago anticipado de Bs 10.000 para confirmar el vuelo, quedando un saldo pendiente que, sumado a costos adicionales por pernocte de la aeronave durante dos días, asciende a Bs 8.000.

Según la denunciante, el vuelo se concretó con normalidad y los pasajeros cumplieron actividades en la zona fronteriza, incluyendo asistencia a un cierre de campaña política y un viaje a Corumbá (Brasil). Sin embargo, tras el retorno a Santa Cruz, el pago del saldo no se habría efectuado en los plazos acordados.

Velasco afirmó que, desde entonces, ha mantenido múltiples contactos con las personas que gestionaron el servicio, principalmente con Karen Piedades Suárez Roca —quien habría asumido la responsabilidad del pago— y con el mayor Rojas. En ese proceso, asegura haber recibido reiteradas promesas de cancelación que no se concretaron, además de diversas excusas relacionadas con viajes, actividades personales e incluso supuestos fallecimientos de familiares.

La agente indicó que la demora en el pago le ha generado perjuicios laborales, incluyendo la imposibilidad de reincorporarse plenamente a sus funciones, ya que el monto pendiente debe ser cubierto ante la empresa para la cual trabaja.

Ante la falta de respuesta, la denunciante advirtió que evalúa iniciar acciones legales y formalizar el caso ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), señalando que la situación se ha vuelto insostenible tras casi un mes sin solución.

Hasta el momento, no se conoce una versión oficial por parte de las personas involucradas en la denuncia.

Vía: Sandra Velasco Flores