Con al menos 53 grupos criminales reconocidos, Brasil se ha convertido en uno de los principales centros de delincuencia en América Latina, según destaca la edición especial de 2022 del Anuario de Seguridad Pública. En particular, el tráfico de drogas, destinado principalmente al mercado europeo, mueve 3.600 millones de dólares anuales a pesar de que el país no es productor de cocaína.

Es imposible pensar que esta fuerza económica no tenga un impacto en las elecciones, sobre todo porque tanto la familia del presidente Jair Messias Bolsonaro como el Partido de los Trabajadores de Lula están vinculados desde hace tiempo por la prensa brasileña a las milicias armadas de Río de Janeiro y al Primer Comando Capital (PCC), respectivamente. Y ahora estos grupos se hacen oír para imponer su peso en la votación.

El alcalde de Río, Eduardo Paes, llegó a pedir en los últimos días ayuda al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre De Moraes, para garantizar la seguridad de los postulantes: “Algunos candidatos – dijo Paes – no pueden entrar en muchas zonas dominadas por las milicias en el este de Río porque otros candidatos han hecho acuerdos con ellas”.