La FAM-Bolivia y representantes de las asociaciones municipales plantearon al presidente Rodrigo Paz una agenda que incluye la distribución 50/50, la devolución de recursos del IDH y medidas para aliviar la situación financiera de los gobiernos municipales.

La reunión entre el presidente Rodrigo Paz y representantes de los gobiernos municipales del país concluyó este jueves con una serie de planteamientos dirigidos al Ejecutivo, entre ellos la abrogación del decreto que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para determinados grandes consumidores.

El pedido fue presentado por la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia), cuyo presidente, Johnny Torres, informó que la solicitud fue respaldada por los representantes municipales durante el encuentro.

“Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los grandes consumidores”, afirmó Torres al explicar una de las principales conclusiones de la reunión.

El planteamiento surge en medio de la preocupación de los municipios por el impacto que el costo del combustible puede generar en sus operaciones y en la ejecución de obras y servicios públicos.

Municipios plantean alivio financiero

La agenda presentada por los alcaldes no se limitó al precio del diésel. Los gobiernos municipales también solicitaron mecanismos para reprogramar sus deudas, con el objetivo de reducir la presión sobre sus presupuestos y garantizar la continuidad de sus servicios y proyectos.

Otro de los pedidos está relacionado con los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los municipios plantearon la devolución del 12% de estos recursos que, según su posición, fueron destinados a proyectos vinculados al sector hidrocarburífero.

Estos recursos son considerados importantes para las finanzas municipales, especialmente en un escenario de restricciones presupuestarias y dificultades para atender las distintas obligaciones de los gobiernos locales.

El 50/50, eje de la reunión

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la distribución de recursos bajo el denominado esquema 50/50, una demanda que los municipios vienen planteando como parte de una discusión más amplia sobre la redistribución de los ingresos públicos.

En la reunión participaron los presidentes de las Asociaciones Departamentales de Municipios (AMDEs), además de representantes del Sistema Asociativo Municipal, quienes expusieron las necesidades y dificultades que enfrentan las alcaldías del país.

El encuentro fue planteado por el Gobierno como un espacio para construir una agenda común entre el nivel central y los gobiernos municipales.

Antes de la reunión, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, señaló que la intención era abordar una “agenda país” que no se limite a las necesidades inmediatas, sino que permita establecer acciones y políticas con una proyección de hasta 20 años.

De esta manera, los alcaldes salieron de la reunión con una agenda que combina demandas económicas inmediatas —como el precio del diésel, la reprogramación de deudas y la recuperación de recursos— con una discusión de mayor alcance sobre la distribución de los recursos y el futuro financiero de los gobiernos municipales.