El exedecán del ministro de Gobierno, Cristian Rodríguez, se presentó a su audiencia cautelar dentro del proceso conocido como caso “maletas”, donde la autoridad judicial determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención, entre ellas arraigo, fianza económica y detención domiciliaria con autorización laboral.

El abogado defensor, Fernando Vaca, explicó que durante la audiencia se expusieron argumentos vinculados a presuntas contradicciones normativas, así como a las funciones que desempeñaba su cliente como asistente de órdenes del ministro de Gobierno. Además, mencionó que se habrían señalado omisiones atribuidas a otro de los investigados en el caso.

Tras la evaluación judicial, se dispuso que Rodríguez deberá presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público, cumplir detención domiciliaria con permiso de trabajo, no contactar a dos personas convocadas a declarar, evitar el ingreso a determinados lugares y pagar una fianza de 15.000 bolivianos.

En su defensa, el capitán Rodríguez rechazó las declaraciones del teniente Marvin Manzaneda, también implicado en la investigación, quien afirmó haberle proporcionado información sobre la llegada de un vuelo con maletas al aeropuerto de Viru Viru.

El imputado sostuvo que el testimonio de Manzaneda busca deslindar responsabilidades y afirmó que el contacto que mantuvo con él fue únicamente para solicitar orientación. “Él sabe bien que me llamó pidiéndome un consejo, una orientación”, declaró antes de su audiencia, asegurando además que espera que el proceso se esclarezca en el menor tiempo posible.

El caso fue denunciado por el vicepresidente Edmand Lara, quien señaló que la Policía Federal de Brasil alertó a un efectivo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) sobre la llegada de 32 maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

De acuerdo con la denuncia, dicho efectivo habría comunicado la información al capitán Rodríguez, quien en ese entonces cumplía funciones en el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, se le atribuye no haber reportado el hecho a las instancias correspondientes, lo que habría impedido una intervención oportuna en el caso.