La abogada afirma haber entregado audios, chats y documentos a la Fiscalía sobre presuntas gestiones de Fernando Cerimedo en YPFB y operaciones relacionadas con combustible. Cuestiona que Washington haya restringido el ingreso del fiscal general mientras estas investigaciones continúan.
La abogada Nadia Beller volvió a cuestionar la decisión de Estados Unidos de restringir el ingreso del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y planteó interrogantes sobre los criterios utilizados para aplicar esta medida, en medio de investigaciones que involucran al consultor argentino Fernando Cerimedo.
A través de sus redes sociales, Beller aseguró que presentó ante el Ministerio Público audios, conversaciones, fotografías y documentación que, según su versión, contienen información sobre presuntas gestiones de Cerimedo relacionadas con YPFB, además de operaciones vinculadas al combustible, oro y otros negocios.
Entre los elementos que menciona están conversaciones relacionadas con la empresa FUTURA y el suministro de combustible a Bolivia. Beller sostiene que en esos registros se habla de presuntas comisiones y de gestiones relacionadas con el almacenamiento del carburante.
La abogada considera que estos elementos deben ser investigados para establecer si existieron actuaciones irregulares y determinar quiénes pudieron beneficiarse de las operaciones mencionadas.
Cuestionamientos por la medida contra Mariaca
Beller también vinculó sus cuestionamientos con la decisión de Estados Unidos de restringir el ingreso de Mariaca. Según su planteamiento, la medida genera interrogantes debido a que la Fiscalía boliviana mantiene investigaciones en las que aparece mencionado Cerimedo.
La abogada cuestionó además que otros nombres mencionados en denuncias y materiales que, según afirma, fueron presentados ante las autoridades no hayan recibido medidas similares.
Otro de los elementos mencionados por Beller es un audio atribuido a Cerimedo y difundido públicamente por el vicepresidente Edmand Lara. De acuerdo con los señalamientos realizados, en la grabación se habla de supuestos pagos mensuales vinculados con vuelos de aeronaves y de coordinaciones con personas relacionadas con controles aeroportuarios y antidrogas.
Beller sostuvo que el material debe ser sometido a pericias y una investigación formal para establecer su autenticidad, contexto y posibles responsabilidades.
Pide esclarecer todos los vínculos
La abogada también cuestionó que el debate se concentre únicamente en determinadas personas y planteó que las investigaciones deberían alcanzar a todos los actores que aparezcan vinculados en los documentos, audios o testimonios incorporados a las causas.
“¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”, cuestionó Beller en su publicación.
Los señalamientos realizados por la abogada corresponden a denuncias y elementos que, según afirma, fueron entregados a la Fiscalía. La determinación de su autenticidad, alcance y eventual responsabilidad penal corresponde a las autoridades competentes mediante las investigaciones y el debido proceso.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la relación de Cerimedo con sectores del entorno político boliviano y las investigaciones abiertas en su contra, mientras persisten cuestionamientos sobre las razones de las restricciones anunciadas por Estados Unidos contra autoridades y exautoridades bolivianas.