La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el incremento de la tensión social en el país y advirtió que las amenazas, bloqueos y acciones registradas durante las últimas semanas están generando un escenario de creciente inestabilidad.
La autoridad señaló que algunas de las conductas observadas en el marco de las movilizaciones exceden los límites de la protesta social y consideró que las instituciones del Estado deben actuar para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de la ciudadanía.
Las declaraciones se producen en medio de más de un mes de conflictos, bloqueos de carreteras y movilizaciones que afectan el tránsito, el abastecimiento y diversas actividades económicas en distintas regiones del país.
Aguirre sostuvo que la prolongación de la crisis incrementa los daños para la población y afirmó que el Gobierno nacional cuenta con herramientas legales para enfrentar la situación. En ese sentido, consideró que el presidente Rodrigo Paz debería evaluar la aplicación de medidas excepcionales para restablecer el orden y evitar una mayor profundización del conflicto.
La vicegobernadora también cuestionó los discursos que, a su criterio, promueven la confrontación y recordó que durante anteriores movilizaciones por el censo en Santa Cruz se iniciaron procesos judiciales contra ciudadanos que participaron en protestas vinculadas a demandas regionales.
Asimismo, manifestó que ninguna diferencia política justifica acciones que afecten a terceros o pongan en riesgo la estabilidad institucional del país. Por ello, pidió que la Fiscalía y el Órgano Judicial actúen dentro del marco de sus competencias para investigar posibles delitos y garantizar el respeto al Estado de derecho.
Finalmente, Aguirre expresó que las amenazas dirigidas contra autoridades y los llamados a la confrontación deben ser atendidos con seriedad por las instancias correspondientes, al considerar que pueden agravar el clima de conflictividad que atraviesa Bolivia.
