Armando Urioste confirmó que el Ministerio Público investigará las denuncias sobre supuestos pagos a parlamentarios para favorecer la designación del exfiscal general. Legisladores piden que se presenten pruebas y que el caso sea tratado con imparcialidad.
La denuncia sobre presuntos sobornos durante la elección de Róger Mariaca como fiscal general llegó al Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio para determinar si hubo pagos irregulares a asambleístas nacionales a cambio de respaldar su designación, informó el fiscal general interino, Armando Urioste.
La autoridad señaló que el caso tendrá prioridad y que las pesquisas estarán orientadas a identificar posibles irregularidades en el proceso de elección. Entre las actuaciones previstas figura la investigación de exlegisladores y la reconstrucción de la ruta del dinero para establecer si existieron movimientos económicos vinculados con la votación legislativa.
Urioste advirtió que, si se comprueba la entrega de dinero a cambio de votos, los hechos podrían constituir los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo. También anunció que solicitará la colaboración del Órgano Ejecutivo para acceder a información relacionada con investigaciones patrimoniales y contrastar los datos que se obtengan durante las pesquisas.
La denuncia fue presentada públicamente el jueves por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, quien aseguró que Mariaca habría accedido al cargo mediante presuntos pagos a legisladores. El funcionario relacionó sus declaraciones con las indagaciones sobre los supuestos vínculos del exfiscal general con una estructura criminal vinculada al narcotráfico.
Mariaca fue destituido como fiscal general y actualmente cumple seis meses de detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, en el marco de los procesos judiciales que enfrenta.
ASAMBLEÍSTAS PIDEN RESPALDO DOCUMENTAL
Las acusaciones también provocaron pronunciamientos en la Asamblea Legislativa. Parlamentarios de distintas fuerzas políticas reclamaron que los señalamientos sean respaldados con pruebas y que ninguna persona sea considerada responsable antes de que concluyan las investigaciones.
El diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), expresó su apertura a una investigación, pero insistió en que las posibles responsabilidades deben establecerse con elementos verificables.
Desde la alianza Libre, el diputado Rafael López manifestó que corresponde esclarecer los supuestos pagos y activar los procedimientos legales si se demuestra que parlamentarios recibieron dinero de una organización criminal. En tanto, el senador José Manuel Ormachea aseguró que su bancada está dispuesta a ser investigada.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, pidió al viceministro Maldonado precisar qué legisladores o bancadas estarían involucrados y presentar pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Por su parte, el diputado Rodrigo Antonio Loma planteó que la denuncia sea formalizada ante el Ministerio Público o remitida a la comisión de ética del Legislativo.
Con el inicio de las pesquisas, la Fiscalía deberá establecer si existen elementos que confirmen la presunta compra de votos y si los hechos denunciados involucran a exparlamentarios u otras personas. Por ahora, los supuestos sobornos forman parte de una denuncia pendiente de esclarecimiento.
