La detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, también tuvo repercusión dentro del penal donde permanece recluida su pareja, la uruguaya Gianina García Troche, investigada en el marco del operativo internacional A Ultranza.

Según información proporcionada por su defensa, la mujer recibió la noticia el viernes durante una visita en el penal de máxima seguridad “Martín Mendoza”, ubicado en Emboscada, Paraguay. Fue uno de sus abogados quien le comunicó sobre el operativo policial que terminó con la captura de Marset.

Durante la conversación también se le informó que el uruguayo fue puesto bajo custodia de agentes de la Drug Enforcement Administration y posteriormente trasladado por vía aérea hacia Lima, Perú, donde la agencia estadounidense mantiene operaciones.

El abogado Rafael Blanco señaló que García Troche recibió la noticia con evidente preocupación, especialmente al conocer que Marset podría ser enviado posteriormente a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial.

Fuentes penitenciarias indicaron que, tras enterarse de la captura, la mujer se comunicó con una familiar encargada del cuidado de sus hijos para conocer su situación, tomando en cuenta la repercusión mediática que generó la detención.

García Troche permanece privada de libertad en el penal de Emboscada desde el 20 de febrero de este año. Antes de su traslado, se encontraba detenida en la Prisión Militar de Viñas Cue desde mayo de 2025, luego de haber sido extraditada desde España.

En el proceso conocido como A Ultranza, la Fiscalía paraguaya sostiene que la uruguaya habría tenido participación en operaciones financieras vinculadas al entorno de Marset. El fiscal Deny Yoon Pak señaló en la imputación que García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge SA, conocida comercialmente como “Total Cars”, que presuntamente habría sido utilizada para canalizar recursos provenientes del tráfico internacional de cocaína.

Las autoridades investigan si estas operaciones formaban parte de un esquema destinado a introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero bajo la apariencia de actividades comerciales legales.