OPINIÓN
𝘗𝘰𝘳: 𝘈𝘨𝘶𝘴𝘵í𝘯 𝘡𝘢𝘮𝘣𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘈𝘳𝘻𝘦 (𝘝𝘪𝘤𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘪𝘵é 𝘗𝘳𝘰 𝘚𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘊𝘳𝘶𝘻)
La historia reciente en los últimos 65 años en Bolivia muestra tres episodios clave donde el socialismo destruyó no solo la economía, sino también la dignidad y la institucionalidad del país. El primero ocurrió en 1959, durante el gobierno del MNR, liderado por Hernán Siles Zuazo como vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro. Santa Cruz exigía el cumplimiento del 11% de regalías petroleras que le correspondían por ley, pero la respuesta del régimen fue enviar tropas y disparar contra civiles acribillando y matando líderes y familias Cruceñas. El episodio, conocido como el “Soazo”, dejó muertos, heridos y marcó el inicio de una política sistemática de represión contra las regiones productivas de Bolivia. Fue la primera señal del carácter violento y centralista del socialismo boliviano en esta época contemporánea.
El segundo acto de destrucción vino también de la mano de Siles Zuazo, esta vez como presidente constitucional en los años 80. Su modelo socialista de planificación estatal, control de precios, empresas públicas deficitarias y emisión monetaria descontrolada condujo al país a una hiperinflación superior al 24.000%, una de las más graves del mundo en la historia de la humanidad. El boliviano perdió todo su poder adquisitivo. El país colapsó en lo económico y lo social. Fue la segunda gran demostración de que el socialismo no construye: destruye.
La tercera etapa comenzó en 2005 con la llegada del socialismo masista al poder. Durante 20 años, se desmontó la economía productiva, se expulsó la inversión privada, se disparó la deuda externa —de US$5.000 millones en 2006 a cerca de US$30.000 millones en 2024— y se consolidó un sistema de dependencia estatal absoluta. Hoy Bolivia sufre escasez de combustibles, inflación descontrolada, mercado negro de dólares y una economía informal que ya alcanza al 80% de la población económicamente activa.
En salud, Bolivia tiene una de las tasas más bajas de camas hospitalarias por habitante en la región. En educación, los niveles de deserción en áreas rurales superan el 30%, y el país figura en los últimos puestos en evaluaciones regionales de aprendizaje. La justicia no es un poder independiente: el 90% de los jueces son interinos y el 70% de los detenidos no tiene sentencia firme. El sistema judicial ha sido subordinado al poder político como herramienta de castigo, no de justicia.
Los países que vivieron esta historia —como Polonia, Hungría, Lituania, Letonia y República Checa entre otras— tomaron una decisión: prohibieron el socialismo por ley. No por revancha, sino por resguardo nacional. Se prohibieron sus símbolos, su enseñanza como modelo válido y su acceso al poder. Entendieron que el socialismo no es un actor más en democracia, sino su negación estructural.
Hoy, como en 1959 y 1985, somos los ciudadanos libres quienes resistimos. Historias el boliviano se ha defendido frente al avance estatal, exigiendo respeto, justicia y libertad. Y al igual que en el pasado, el socialismo solo cede cuando el pueblo se planta. Bolivia no puede permitirse un cuarto ciclo de destrucción. Es momento de actuar con determinación y sin miedo: con un nuevo gobierno y un nuevo pacto constitucional, Bolivia debe legislar para prohibir el socialismo por ley. Nunca más el estatismo debe sobreponerse a la voluntad de ser libres y vivir en Libertad.