YPFB habilitó una sala de monitoreo para seguir la distribución en las 180 estaciones de servicio del departamento. La estatal detectó unas 630 cuentas irregulares en su sistema y desactivó 60 accesos como parte de las primeras medidas de control.

El Comité pro Santa Cruz se sumará al control y fiscalización de los despachos de combustibles en el departamento, en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la comisión interministerial que busca transparentar la distribución de carburantes.

Representantes cívicos de la capital cruceña y de distintas provincias llegaron este lunes hasta las instalaciones de YPFB, donde conocieron el funcionamiento de la nueva sala de monitoreo, habilitada en menos de 24 horas para realizar un seguimiento a los despachos destinados a las estaciones de servicio.

Los cívicos respaldaron la intervención establecida mediante el Decreto Supremo 5697 y anunciaron que acompañarán las tareas de control para seguir la denominada “ruta del combustible” e identificar posibles filtraciones o irregularidades en la cadena de distribución.

Durante la presentación del sistema, el asesor de Presidencia de YPFB, Sergio Hinojosa, informó que una primera revisión permitió detectar aproximadamente 630 cuentas de acceso al sistema que no tenían una persona asociada o que ya no debían permanecer activas. De ese total, 60 accesos fueron deshabilitados de manera inmediata.

La estatal también identificó inconsistencias entre el volumen de combustible que figuraba como disponible en el sistema y la cantidad que efectivamente estaba habilitada para ser despachada. Según Hinojosa, esta situación generaba cupos “rezagados” que tenían prioridad sobre otras estaciones donde se registraban largas filas.

“Todo eso ya ha sido paralizado y se está dando prioridad a un operativo para eliminar las filas”, señaló el funcionario.

YPFB inició además auditorías informáticas para establecer si existió manipulación de información y determinar el alcance de las irregularidades detectadas. La revisión apunta principalmente a establecer quiénes tenían acceso a los sistemas y qué modificaciones pudieron realizarse.

El sistema de monitoreo abarcará las 180 estaciones de servicio de Santa Cruz y contará con alrededor de 60 funcionarios de YPFB. La estatal también coordina acciones con la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) y prevé transparentar información relacionada con los despachos, incluyendo datos de las cisternas y sus placas.

Con la incorporación del Comité pro Santa Cruz, se busca ampliar el control social sobre la distribución de carburantes y verificar que el combustible asignado llegue efectivamente a las estaciones y posteriormente a los usuarios.