Autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana Nacional ofrecieron este jueves una conferencia de prensa conjunta para desmentir cualquier irregularidad en la exportación de gas natural y ratificar que todas las operaciones se realizaron dentro del marco legal. La aclaración se produjo luego de que la Fiscalía Departamental de Tarija emitiera una orden de aprehensión contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por presunto contrabando de exportación agravado.

El gerente de Contratos de Exportación de Gas de YPFB, Óscar Claros, afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y aseguró que todos los ingresos por exportaciones están debidamente registrados. “Todas nuestras operaciones de exportación son legales, no existe contrabando ni daño económico alguno. Por ende, no existe ningún delito”, enfatizó. Añadió que los pagos por las ventas internacionales, incluido el monto de 14,4 millones de dólares señalado en la denuncia, ingresaron de forma regular a las cuentas de YPFB en el Banco Central de Bolivia (BCB).

Claros también informó que el presidente de la estatal petrolera se encuentra en territorio boliviano y continúa desempeñando sus funciones con normalidad, en coordinación con las autoridades competentes.

Durante la misma conferencia, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, explicó que la demanda presentada en Tarija no fue iniciativa institucional, sino obra de dos exfuncionarios, Rodrigo Acuña y Jesús Vargas, quienes fueron despedidos la mañana del 6 de octubre y presentaron la acusación ese mismo día. “Estas personas actuaron de manera irregular y utilizaron documentación oficial después de su desvinculación, cometiendo el delito de usurpación de funciones”, sostuvo. En ese marco, la Aduana anunció que presentará una querella penal en su contra.

Serrudo subrayó que la denuncia carece de base legal, recordando que el Decreto Supremo 28174 de 2005 establece que las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, derivadas de contratos vigentes, están exentas de autorización por parte de la ANH. “La norma es clara: para las exportaciones de gas derivadas de compromisos en vigencia, no se requiere autorización alguna”, indicó.

A su turno, el director ejecutivo de la ANH, Joel Callaú, confirmó que la institución regula y fiscaliza toda la cadena de hidrocarburos, y que los procesos de exportación se desarrollan bajo los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

En el ámbito político, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, calificó la orden de aprehensión contra Dorgathen como una “cacería de brujas” dentro del sistema judicial. Mientras tanto, desde el sector productivo cruceño, el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, manifestó que corresponde a la justicia esclarecer los hechos y determinar si existió o no alguna irregularidad.

Con este pronunciamiento conjunto, las tres instituciones buscaron aclarar la situación y reafirmar que las exportaciones de gas boliviano se realizan conforme a la ley y los contratos internacionales vigentes.