Los sectores movilizados decidieron postergar temporalmente la medida de presión tras reunirse con representantes del Ejecutivo. Advirtieron que retomarán las protestas si no reciben una respuesta favorable.
Los sectores movilizados de Yapacaní decidieron este martes poner en pausa el bloqueo anunciado en la carretera Santa Cruz-Cochabamba y otorgaron al Gobierno un plazo de 48 horas para atender su principal demanda: la abrogación del Decreto Supremo 5676.
La determinación fue asumida después de una reunión con representantes del Ejecutivo, a quienes los dirigentes solicitaron que el pedido sea elevado al presidente Rodrigo Paz. Los sectores movilizados advirtieron que, si no existe una respuesta dentro del plazo establecido, volverán a evaluar nuevas medidas de presión.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, se comprometió a comunicar la demanda a las autoridades nacionales, aunque aclaró que informar sobre el pedido no significa que el decreto vaya a ser abrogado automáticamente en las próximas 48 horas.
El conflicto se originó por el nuevo régimen de precios establecido para el diésel. El Decreto Supremo 5676 fija un precio referencial de Bs 18 por litro para los denominados grandes consumidores, mientras que para otros usuarios se mantiene la tarifa de Bs 9,80.
Los productores y otros sectores de Yapacaní cuestionan el incremento porque consideran que tendrá un impacto directo en los costos de producción y transporte.
Durante la reunión, Paredes reconoció que la aplicación del decreto está generando dificultades y señaló que el Ejecutivo ya analiza su modificación o abrogación.
“El decreto supremo que ha sacado el Gobierno efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación”, afirmó el viceministro, quien agregó que la norma “no puede quedar como está” porque, a criterio del Ejecutivo, no cumplió con el objetivo para el cual fue emitida.
Otro de los pedidos de los movilizados fue el retiro del contingente policial y militar desplegado en Yapacaní ante la amenaza de bloqueo. Paredes anunció que comunicará esta solicitud al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobierno.
El viceministro aseguró que los efectivos se encuentran en la zona con la misión de garantizar el libre tránsito y descartó que exista una orden de aprehensión contra dirigentes.
Tras el acuerdo, los sectores movilizados mantuvieron en suspenso el bloqueo, aunque dejaron establecido que la tregua tiene un plazo definido. Si el Gobierno no presenta una respuesta favorable en las próximas 48 horas, los dirigentes analizarán la reactivación de las medidas de presión.
El futuro del Decreto Supremo 5676 y la permanencia del contingente de seguridad en Yapacaní quedan ahora sujetos a las decisiones que adopte el Ejecutivo durante este periodo de negociación.
