El abogado y analista político Vladimir Peña calificó como una coartada el pedido del expresidente Evo Morales de que su proceso por el presunto delito de trata y tráfico de personas con agravante sea remitido a la justicia indígena originaria campesina.
Según Peña, la solicitud presentada por la defensa del exmandatario es parte de una estrategia recurrente para eludir la justicia ordinaria y ganar tiempo en los procesos que enfrenta.
“Es una coartada que utiliza para seguir zafando de la justicia, una maniobra que repite cada vez que se encuentra acorralado por las investigaciones”, afirmó el jurista.
La defensa de Morales presentó dos incidentes procesales con el objetivo de que la causa salga del ámbito penal común y sea tratada bajo la jurisdicción indígena. Sin embargo, la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional prohíbe que delitos de trata y tráfico de personas sean conocidos por instancias distintas a la justicia ordinaria.
Pese a ello, el equipo jurídico del exmandatario sostiene que el caso debe ser analizado por la justicia comunitaria, al considerar que involucra hechos y personas vinculadas a comunidades indígenas.
Mientras tanto, el proceso continúa su curso en la jurisdicción penal, en medio de cuestionamientos y críticas sobre las maniobras legales impulsadas por el exjefe de Estado.
