VICEPRESIDENTE DENUNCIA PRESUNTA PROTECCIÓN A POLICÍAS EN EL CASO DE EXTORSIÓN EN VIACHA

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, expresó su rechazo a la resolución de sobreseimiento que favoreció al teniente coronel Remberto Valderrama, excomandante de la Estación Policial Integral (EPI) de Viacha, investigado dentro de un caso de presunta extorsión a personas que acudían a dependencias policiales para recuperar sus vehículos.

Lara cuestionó la determinación emitida por el fiscal Beymar Molina López y sostuvo que existen testimonios y elementos que, a su criterio, debieron ser considerados antes de excluir al exjefe policial de la investigación. La denuncia señala que algunos efectivos habrían exigido pagos de hasta Bs 15.000 a las víctimas, bajo amenazas de mantener retenidos sus motorizados si no entregaban el dinero.

Como parte de sus observaciones, el vicepresidente mencionó las declaraciones de las víctimas, quienes habrían identificado a un sargento como la persona que recibió los recursos económicos y posteriormente ingresó a la oficina del entonces comandante de la EPI de Viacha.

Según Lara, el uniformado señalado como receptor del dinero trabajaba directamente con Valderrama y habría entregado los recursos al excomandante. Por ello, cuestionó que la resolución fiscal descartara la participación de este último, pese a los testimonios y otros elementos que, según afirmó, forman parte del caso.

La autoridad también observó que el sargento presuntamente involucrado y un subteniente permanecen recluidos en la cárcel de San Pedro, mientras que Valderrama fue favorecido con el sobreseimiento.

Ante esta situación, Lara pidió al fiscal general del Estado, José Armando Urioste, disponer una auditoría y una revisión detallada de las actuaciones investigativas. Además, solicitó que se establezca si el fiscal Molina incurrió en alguna irregularidad y que, de comprobarse responsabilidades, se activen los procesos disciplinarios y penales correspondientes.

El vicepresidente aclaró que su cuestionamiento no busca que se impongan sanciones al margen de la normativa, sino que se examinen todas las pruebas y se garantice una investigación imparcial. También pidió protección para el oficial que denunció los presuntos hechos de corrupción y respuestas para las personas afectadas.

Finalmente, Lara insistió en la necesidad de investigar la actuación de los funcionarios involucrados y sostuvo que ningún cargo o grado dentro de la institución policial o del Ministerio Público debe impedir que se esclarezcan las denuncias.