El gobernador de Santa Cruz calificó la eliminación del subsidio como una decisión difícil, pero necesaria, y reiteró su propuesta de un apoyo focalizado al transporte público.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldó la decisión del Gobierno de eliminar la subvención a los combustibles y sostuvo que la medida busca corregir un modelo que, durante años, generó presión sobre las finanzas públicas.

A través de sus redes sociales, la autoridad reconoció que la determinación puede generar rechazo y afectar la popularidad de quienes la impulsan, pero consideró que las decisiones de esta magnitud deben ser evaluadas también por sus efectos a mediano y largo plazo.

“Gobernar también significa tomar decisiones difíciles. Decisiones que pueden afectar la popularidad, que seguramente no van a gustarles a todos, pero que deben tomarse pensando en el bien mayor”, escribió.

Velasco cuestionó el anterior esquema de precios de los combustibles y afirmó que el Estado asumía un costo elevado para comercializarlos internamente a un precio menor.

“Durante décadas sostuvimos un modelo en el que el Estado compraba caro para vender barato, generando una enorme presión sobre las finanzas públicas y distorsiones que terminaron pagando todos los bolivianos”, señaló.

Sin embargo, el gobernador remarcó que la eliminación de la subvención debe estar acompañada por medidas de protección para los sectores más vulnerables.

“Ahora viene una tarea igual de importante: construir mecanismos eficientes y focalizados para proteger a los sectores más vulnerables y reducir el impacto de esta medida sobre el costo de vida”, afirmó.

En ese marco, reiteró su propuesta de mantener un respaldo específico al transporte público mediante herramientas tecnológicas que permitan identificar a los beneficiarios y controlar el destino de los recursos.

“Nuestra propuesta sigue a disposición del Gobierno Nacional: mantener un apoyo focalizado al transporte público en todo el país”, sostuvo.

Finalmente, Velasco pidió que la aplicación de la medida sea ordenada y transparente, con el menor impacto posible sobre las familias.

“Las reformas estructurales exigen decisión, pero también responsabilidad social”, manifestó.