VELASCO RECHAZA EL 1% Y PLANTEA COMENZAR CON UN 5% DE COPARTICIPACIÓN PARA SANTA CRUZ

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, volvió a cuestionar la propuesta del Gobierno nacional de otorgar un 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones y planteó que la redistribución de recursos debe comenzar con un porcentaje del 5% o 6%, para avanzar progresivamente hasta llegar al 15% en 2031.

La autoridad departamental recordó que el incremento gradual de los recursos fue parte de los compromisos abordados el pasado 5 de agosto, durante un encuentro entre los gobernadores y el presidente del Estado. En ese sentido, insistió en que la propuesta presentada por el nivel central no responde a las expectativas ni a las necesidades de Santa Cruz.

Velasco advirtió que aceptar un incremento inicial del 1% significaría prolongar durante muchos años la espera para alcanzar el porcentaje que demandan las regiones. Por ello, sostuvo que cualquier negociación debe partir de una cifra que represente un avance real en la distribución de los recursos.

“Si empezamos con el 1%, en 15 años nos van a dar lo que estamos demandando. Empecemos con un 5%, con un 6%. La mesa de diálogo está abierta, pero la posición es firme. Santa Cruz rechaza este 1% porque no es correcto y no es justo”, manifestó.

El gobernador también señaló que concentrará su gestión en conseguir mayores recursos para el departamento, al considerar que estos son fundamentales para atender las demandas de la población y cumplir con las responsabilidades de la administración departamental.

En esa línea, aseguró que mantendrá su postura frente al Gobierno nacional y cuestionó que la propuesta económica no esté acorde con las necesidades de Santa Cruz.

Por otro lado, se refirió a la situación del sistema judicial, marcada por la salida del país de Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien anunció que se declaró en el exilio junto a su familia.

Velasco consideró que la crisis que atraviesa la administración de justicia debe abrir la posibilidad de impulsar una transformación institucional y recuperar la confianza de la ciudadanía en las entidades públicas.

A su criterio, este escenario representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad en los diferentes niveles del Estado y garantizar que las instituciones respondan a las necesidades de la población.