VELASCO BUSCA INVERSIÓN PARA CONSTRUIR “LA TUMBA”, UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que durante su reciente viaje por Europa realizó gestiones para conseguir inversión destinada a la construcción de una cárcel de máxima seguridad denominada “La Tumba”, un proyecto que pretende emplazarse en una zona aislada del Chaco cruceño y tomar como referencia el modelo penitenciario de El Salvador.

A través de sus redes sociales, la autoridad departamental explicó que la iniciativa contempla un complejo penitenciario alejado de los centros urbanos, con vigilancia permanente, restricciones estrictas a las comunicaciones con el exterior y contacto con familiares únicamente mediante videollamadas, bajo un régimen de máxima seguridad que deberá ajustarse a la normativa vigente.

Velasco sostuvo que la propuesta responde a la necesidad de evitar que personas consideradas peligrosas continúen dirigiendo actividades delictivas desde los recintos penitenciarios. A su criterio, las cárceles bolivianas se han convertido en espacios desde los cuales algunos integrantes de organizaciones criminales mantienen sus operaciones.

“Los derechos se respetan, pero los privilegios criminales se terminan”, manifestó el gobernador al defender la necesidad de mantener aislados de la sociedad a quienes representan un alto riesgo para la seguridad pública.

Santa Cruz concentra una importante población penitenciaria

La iniciativa se plantea en un contexto de dificultades estructurales en el sistema carcelario boliviano, donde el hacinamiento y los hechos de violencia continúan siendo motivo de preocupación.

Datos de la Dirección de Régimen Penitenciario correspondientes a febrero de 2023 daban cuenta de 25.291 personas privadas de libertad en el país. De ese total, el 37% se encontraba en cárceles de Santa Cruz, el 21% en La Paz y el 14% en Cochabamba. En ese periodo, Palmasola albergaba a más de 7.000 internos, lo que la situaba entre los recintos con mayor presión sobre su capacidad.

La situación volvió a generar alertas durante 2026. Según los datos atribuidos a la Defensoría del Pueblo, entre enero y julio de este año se registraron 17 muertes violentas en centros penitenciarios del país, una cifra superior a los 15 fallecimientos reportados durante todo 2025. La mayor concentración de estos hechos se habría producido en Santa Cruz, principalmente en Palmasola y el penal de Montero.

En ese escenario, el proyecto “La Tumba” se perfila como una propuesta de endurecimiento del régimen penitenciario. Sin embargo, su ejecución dependerá de la concreción de los recursos económicos, la definición de las condiciones de construcción y funcionamiento, y el cumplimiento de las garantías legales aplicables a las personas privadas de libertad.