URIOSTE REVELA OCHO VÍAS DE INFILTRACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LA JUSTICIA
El fiscal general interino, José Armando Urioste, expuso las principales formas de presunta infiltración criminal en instituciones estatales. Entre ellas figuran la captación de funcionarios, la filtración de operativos, el acceso a sistemas informáticos y el manejo irregular de bienes incautados.
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Las investigaciones por narcotráfico y corrupción que involucran a exautoridades judiciales pusieron bajo la lupa el funcionamiento de distintas instituciones del Estado. En este escenario, el Ministerio Público identificó ocho posibles mecanismos utilizados por estructuras criminales para obtener información privilegiada, conseguir protección y ejercer influencia dentro del sistema de justicia.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, presentó este diagnóstico durante un foro realizado en Trinidad, Beni, donde relacionó las denuncias y los procesos abiertos con las presuntas conexiones entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas.
Durante su intervención, advirtió que la corrupción y el crimen organizado pueden operar de manera conjunta, estableciendo vínculos que comprometen el trabajo de las instituciones responsables de investigar y sancionar los delitos.
Uno de los principales riesgos identificados es la captación de autoridades y servidores públicos que tienen poder de decisión. Las investigaciones buscan determinar si algunos funcionarios utilizaron sus cargos para favorecer a personas vinculadas con actividades ilícitas, evitando procedimientos o facilitando condiciones de impunidad. En esta línea se encuentra el proceso contra el exfiscal general Róger Mariaca, quien permanece detenido mientras se investigan sus presuntos nexos con una estructura de protección al narcotráfico.
Otra modalidad bajo investigación es la entrega anticipada de información sobre intervenciones policiales. Las autoridades buscan establecer si el entorno de Sebastián Marset conocía detalles del operativo ejecutado en Santa Cruz en julio de 2023, antes de que se desarrollara el procedimiento que terminó con su fuga.
A estas sospechas se suma el supuesto acceso no autorizado a los sistemas informáticos del Ministerio Público. Urioste señaló que personas externas a la institución, incluido Marset, habrían tenido acceso al sistema ROMA, que contenía información relacionada con órdenes judiciales y procesos investigativos.
El diagnóstico también contempla posibles gestiones irregulares entre autoridades judiciales. En el caso Maletas, Aldo Quezada declaró que Rómer Saucedo, cuando ejercía la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, le habría pedido realizar gestiones para conseguir permisos de viaje para las hijas de Laura Rojas, vinculada a la investigación por el traslado de equipaje procedente de Estados Unidos.
Otro punto de preocupación son las fallas en los mecanismos de fiscalización y control. La investigación sobre las 32 maletas que ingresaron a Viru Viru sin una revisión adecuada busca esclarecer cómo se permitió su salida y qué responsabilidad tuvieron los funcionarios involucrados. También se observaron irregularidades relacionadas con el pasaporte diplomático utilizado por Rojas.
En el ámbito económico, las pesquisas apuntan a identificar el origen y destino de recursos, vehículos y propiedades presuntamente relacionados con las redes investigadas. El Ministerio de Gobierno informó sobre 33 allanamientos, el secuestro de 46 motorizados y cinco inmuebles, además de más de cinco millones de bolivianos y 407.000 dólares.
La administración de bienes decomisados constituye otra de las líneas observadas. Entre los antecedentes figura la asignación al Órgano Judicial de vehículos incautados en operativos contra Marset, incluido uno que posteriormente fue destinado a Saucedo. Este hecho abrió cuestionamientos sobre los procedimientos de transferencia, asignación y supervisión de los bienes.
El octavo elemento señalado por Urioste es la debilidad de la estructura institucional encargada de investigar el crimen organizado. Según explicó, las unidades especializadas no contaban con capacidad operativa suficiente y los casos se trabajaban de forma aislada, sin una estrategia que permitiera identificar el funcionamiento completo de las organizaciones delictivas.
En ese contexto también se encuentra Martín Irusta, quien fue fiscal superior durante la gestión de Mariaca y actualmente está detenido en Patacamaya.
Ante este panorama, el fiscal general interino anunció cambios en la estrategia de investigación, con equipos especializados, seguimiento de movimientos financieros, coordinación entre instituciones y protección de testigos. También planteó utilizar procedimientos abreviados como una herramienta para obtener información y debilitar las estructuras criminales.
Sin embargo, los procesos continúan avanzando y alcanzan a exautoridades que ocuparon cargos de responsabilidad dentro del sistema judicial. Quezada y el exfiscal Julio César Porras, quienes recibieron condenas de tres años mediante procedimiento abreviado por el caso Maletas, fueron nuevamente aprehendidos y trasladados a La Paz por su presunta vinculación con el caso ROMA.
Las investigaciones deberán establecer el grado de participación de cada implicado y determinar si existió una estructura organizada que utilizó espacios de poder dentro de la justicia para favorecer actividades criminales.