Rómer Saucedo señaló que el caso deberá pasar ante una autoridad jurisdiccional, que tendrá la responsabilidad de valorar los elementos de la investigación y emitir las resoluciones correspondientes.


El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, afirmó este jueves que se garantizará el debido proceso y la imparcialidad judicial en las investigaciones que derivaron en la aprehensión del fiscal General del Estado, Róger Mariaca, y de otras autoridades del Ministerio Público.


Saucedo explicó que, una vez ejecutadas las aprehensiones, los investigados deben ser puestos a disposición de una autoridad jurisdiccional, instancia que deberá analizar los antecedentes y elementos reunidos durante la investigación.


El titular del TSJ remarcó que los jueces encargados de conocer el caso deberán actuar bajo el principio de imparcialidad y serán quienes determinen las medidas o resoluciones que correspondan conforme a la normativa vigente.


La autoridad judicial evitó anticipar criterios sobre la situación jurídica de los aprehendidos y sostuvo que corresponde esperar el desarrollo de las actuaciones procesales.


Las declaraciones se producen después de los operativos ejecutados en Santa Cruz, La Paz y Sucre, dentro de una investigación relacionada con hechos vinculados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.


El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, informó que los operativos se activaron a partir de información financiera y de investigaciones abiertas en Santa Cruz por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilegal de sustancias controladas.


De acuerdo con el reporte policial, el primer operativo se produjo el miércoles 30 de septiembre en La Paz, donde fue aprehendido el mayor de Policía Rubén Aparicio Villarreal.


Posteriormente, en Santa Cruz, la Policía ejecutó las aprehensiones de Róger Mariaca, fiscal General del Estado, y Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.


El caso continúa en investigación y se aguarda que las autoridades jurisdiccionales conozcan la situación de los aprehendidos y determinen las acciones que correspondan dentro del proceso.