Las investigaciones en torno a la red del narcotraficante Sebastián Marset sumaron un nuevo capítulo tras revelarse que bienes incautados fueron restituidos por decisiones judiciales que hoy están bajo cuestionamiento en Santa Cruz.
Reportes de inteligencia de la Felcn señalan que dos jueces cautelares ordenaron la devolución de propiedades y otros activos sin audiencias previas y mediante resoluciones reservadas. Esta situación generó preocupación en instancias policiales y en el Ministerio Público, que observa posibles irregularidades en el proceso.
Los bienes alcanzados por estas decisiones incluyen terrenos de gran extensión en la zona de Porongo, hangares, avionetas, una vivienda de lujo en la avenida Beni y vehículos de alta gama. Parte de estos activos estaba bajo control de unidades policiales, que posteriormente tuvieron que desalojar los predios por orden judicial.
El fiscal Julio César Porras aclaró que la Fiscalía no intervino en la restitución de estos bienes y que, al conocer los fallos, se presentaron apelaciones en distintas instancias. La autoridad enfatizó la gravedad del caso por su alcance internacional.
En el plano disciplinario, una de las juezas que dispuso las devoluciones fue apartada de su cargo por el Consejo de la Magistratura, mientras que el otro juez implicado enfrenta procesos administrativos.
Tras la captura de Marset y su traslado a Estados Unidos, las autoridades reactivaron operativos en el país y lograron reincautar al menos cinco inmuebles, además de armas y vehículos, afectando económicamente a la organización en más de 15 millones de dólares.
El caso vuelve a poner en debate la transparencia en la administración de justicia y el manejo de bienes vinculados a estructuras del crimen organizado.
