Dos contratos para la provisión de materia prima destinada a la producción de biodiésel generaron anticipos por Bs 788,6 millones y ahora son objeto de una investigación penal.

Un presunto daño económico de Bs 871.573.979,35 al Estado es investigado a partir de dos contratos suscritos entre YPFB Refinación y la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L., vinculados con la provisión de aceite crudo de soya para la producción de biodiésel.

Los acuerdos alcanzaron un valor conjunto de aproximadamente Bs 1.058,4 millones, de los cuales la estatal petrolera desembolsó cerca de Bs 788,6 millones en anticipos, equivalente a alrededor del 75% del monto contratado.

De acuerdo con la información presentada por el Viceministerio de Transparencia, una de las principales observaciones se encuentra en las condiciones bajo las cuales fueron modificadas las garantías exigidas a los proveedores.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO ANTES DE LA ADJUDICACIÓN

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García Delfín, señaló que el directorio de YPFB Refinación modificó su Reglamento de Garantías antes de que se concretara la adjudicación.

La modificación habría establecido excepciones para los proveedores de aceite crudo de soya, permitiendo que no se exigieran determinadas garantías destinadas a respaldar la correcta utilización de los anticipos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Según la explicación oficial, el 2 de abril de 2024 se abordaron en el directorio la modificación del reglamento, el incremento presupuestario de YPFB Refinación y la autorización para iniciar el proceso de contratación. Tres días después se comunicó la adjudicación.

Para Transparencia, esta secuencia de decisiones permitió avanzar rápidamente hacia contratos millonarios sin contar con los mecanismos de respaldo que, posteriormente, habrían facilitado la recuperación de los recursos ante un eventual incumplimiento.

INDUeste INCUMPLIÓ Y UNO DE LOS CONTRATOS FUE RESUELTO

Con posterioridad a la firma de los acuerdos, Indueste no habría cumplido con las obligaciones asumidas y planteó modificaciones a las condiciones contractuales.

El 1 de abril de 2025 se concretó la terminación por mutuo acuerdo de uno de los contratos. En ese proceso se estableció que la empresa debía devolver Bs 336.478.577,87.

La recuperación de este monto también generó observaciones debido a los bienes ofrecidos por la empresa como respaldo. Según la documentación revisada por el Viceministerio, fueron presentados predios agrícolas que tendrían restricciones legales que dificultarían su embargo y posterior ejecución.

INVESTIGACIÓN PENAL INVOLUCRA A FUNCIONARIOS Y PARTICULARES

La denuncia penal fue presentada el 20 de marzo de 2026 y la investigación se activó al día siguiente en Santa Cruz.

El proceso contempla los presuntos delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Contratos y Conducta Antieconómica.

La investigación alcanza tanto a personas particulares vinculadas con Indueste como a integrantes del directorio, ejecutivos y personal técnico de YPFB Refinación, quienes deberán ser investigados para determinar si tuvieron algún grado de responsabilidad en las decisiones observadas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por Transparencia, dos personas investigadas cumplen actualmente detención preventiva.

TRANSPARENCIA REPORTA 60 DENUNCIAS CONTRA YPFB

El caso Indueste forma parte de una revisión más amplia anunciada por el Viceministerio de Transparencia sobre presuntas irregularidades relacionadas con YPFB.

García informó que durante los últimos 20 días se recibieron alrededor de 60 denuncias vinculadas con la estatal petrolera, lo que representa aproximadamente una denuncia cada ocho horas.

La autoridad aclaró que los casos recibidos contienen señalamientos concretos contra funcionarios o exfuncionarios y que las investigaciones buscan establecer responsabilidades, además de impulsar mecanismos para recuperar los recursos públicos que eventualmente hubieran sido afectados.

El caso Indueste continuará bajo investigación mientras las autoridades reúnen documentación y elementos que permitan establecer cómo se aprobaron los contratos, bajo qué condiciones fueron entregados los anticipos y qué responsabilidades podrían corresponder a los involucrados.