Un ataque armado ocurrido en el Trópico de Cochabamba volvió a encender las alertas de las fuerzas de seguridad por la violencia ligada al narcotráfico. La víctima, que fue ejecutada con una ráfaga de disparos en plena vía pública, tenía antecedentes por posesión de armas de guerra y había salido en libertad tras una decisión judicial.

El hecho se registró el 2 de febrero, cuando un hombre que se desplazaba por el camino hacia Valle Sajta, en el municipio de Entre Ríos, fue interceptado por ocupantes de otro vehículo. Sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego de manera sostenida y escaparon inmediatamente del lugar.

Personal policial confirmó que el fallecido presentaba más de 25 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El levantamiento legal fue realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que vecinos de la zona alertaran sobre el hecho, aunque evitaron aportar mayores datos por temor a represalias.

La víctima fue identificada como Rubén López Quiroz, de 36 años. Las primeras indagaciones permitieron establecer que en abril de 2023 había sido detenido durante una persecución policial junto a otros tres sujetos, tras intentar evadir a efectivos de la Felcc y la Felcn en Entre Ríos. En aquel operativo se produjo una colisión múltiple y la posterior captura de los sospechosos.

En el vehículo que utilizaban se halló armamento de uso militar, entre ellos fusiles de calibres 5.56 y 7.62, pistolas 9 milímetros y abundante munición. De acuerdo con los informes, las armas estaban destinadas a secuestros y ajustes de cuentas. Pese a la gravedad del caso, los implicados accedieron a medidas sustitutivas y recuperaron su libertad.

La Policía también confirmó que Moisés López, hermano del fallecido, murió asesinado en 2024 en la misma región y en circunstancias similares, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto violento entre organizaciones criminales.

Desde la Felcn señalaron que el crimen se enmarca en una serie de hechos violentos que se repiten en el Chapare, donde operan grupos dedicados al narcotráfico, extorsiones y secuestros, utilizando armamento de alto poder para resolver disputas internas.

En paralelo, las autoridades recordaron un operativo ejecutado en diciembre de 2025 en San Miguelito de Chimoré, donde fue capturado un ciudadano colombiano con armas de guerra, incluida una con mira telescópica. Durante esa intervención, un teniente policial perdió la vida tras una emboscada.

La violencia asociada a estas redes también se reflejó recientemente en Yapacaní, donde una mujer fue secuestrada y liberada días después tras el pago de 30 mil dólares. El fiscal general Roger Mariaca informó que la víctima enfrenta una doble investigación: como afectada por el secuestro y como denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.

Las autoridades advirtieron que, aunque en ese último caso no hubo víctimas fatales, los hechos confirman la expansión de organizaciones criminales armadas y el impacto que generan en la seguridad de distintas regiones del país.